Santo Domingo.El periodista Freddy Aguasvivas afirmó hoy que el contrato de asfaltado entre el Estado dominicano y la empresa Sargeant Marine fue firmado de manera abusiva en el año 2003 por el entonces ministro de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, renovado por Freddy Pérez y ampliado trece veces por Víctor Díaz Rúa.

Miguel Vargas
Al ser entrevistado por el periodista Salvador Holguín en el programa de televisión «Sin Cortapisa», Aguasvivas sostuvo, que el referido convenio de asfalto iniciado por Miguel Vargas, fue inconstitucional debido a que entregó el monopolio al empresario Mustafá Abu Naba’a.



«El país empezó un contrato que hizo Miguel Vargas en febrero del año 2003 con Mustafá Abu Naba’a, y la empresa Sargeant Marine, para suministrar el asfaltado de AC-30 a Obras Públicas, ese fue un contrato abusivo, leonino y abusador totalmente, Miguel Vargas fue el original de la barbaridad, ese señor le firmó un contrato a Mustafá Abu-Naba’a, en el cual incluso se violaba la Constitución de la República, y el mismo se siguió ejecutando con Freddy Pérez, y Víctor Díaz Rúa le aplicó trece adendas cuando solamente se permiten dos», explicó el periodista, quien es directivo de la fundación Primero Justicia.

Aguasvivas expresó que desde la firma del contrato se estableció una estructura mafiosa y corrupta que fue continuada hasta culminar la administración del expresidente Leonel Fernández.



Manifestó que la Ley de Contrataciones Públicas fue violada, porque sólo permite dos modificaciones y que en ningún caso puede superar el 25 por ciento del valor original, sin embargo el exministro Díaz Rua le realizó 13 para favorecerse así mismo.

Aseguró que 48 horas antes de dejar el Ministerio de Obras Publicas, el 14 de agosto del 2012, Víctor Díaz Rúa, entregó 15 millones de dólares a Abu-Naba’a, y que ese dinero fue repartido, constituyendo esto un acto de corrupción en perjuicio del Estado.

La fundación Primero Justicia, que encabeza el jurista Miguel Surún Hernández y el periodista Freddy Aguasvivas, presentó una querella por estafa, corrupción y lavado de activos en contra de Víctor Díaz Rúa, la cual ha sido asumida mediante una investigación por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.