Continúan las críticas a la Ley que modifica el Código Procesal Penal


Santo Domingo.El expresidente del Colegio de Abogados y exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Franklin García Fermín se unió a los juristas que solicitan al presidente Danilo Medina observar la Ley que reforma el Código Procesal Penal por contravenir disposiciones constitucionales.

Justicia

El abogado dijo en un comunicado que la ley que busca modificar el Código Procesal Penal viola la Constitución en puntos fundamentales, así como convenciones internacionales de la Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El expresidente del Colegio de Abogados expresó que la exclusión del artículo 85 del referido Código constituye un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ya que prohíbe a los ciudadanos querellarse contra funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones violenten derechos humanos y que sean señalados por la comisión de actos de corrupción.

Criticó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien afirmó que la reforma al Código Procesal Penal que elimina la posibilidad que tienen los ciudadanos de querellarse contra funcionarios públicos, no frenará la lucha contra la corrupción, sino que forzará al ministerio público a asumir una posición más activa.

“Los primero es que el ministerio público es un dependiente del presidente de la República, quien nombra a los demás funcionarios públicos, por tanto un subalterno nunca perseguirá a su superior; segundo, la práctica está ahí, los casos por corrupción que han llegado a los tribunales ha sido por la acciones de particulares”, concluyó García Fermín.

El exrector de la UASD se unió así a un grupo de abogados del Instituto de Ciencias Penales, agrupados en el Foro de Juristas para la Democracia Constitucional, que solicitó ayer al presidente Danilo Medina vetar y devolver al Congreso Nacional dicha Ley.

A través de un comunicado, los letrados también criticaron el hecho de que la Ley prohíba a los ciudadanos a querellarse contra funcionarios públicos acusados de corrupción.

Otro de los aspectos criticado por los juristas es lo relacionado con la acción penal imprescriptible que establece “de manera absurda” la imprescriptibilidad de la acción por los hechos con penas imponibles de 10 o más años, contrastando el principio constitucional del derecho fundamental a la seguridad jurídica.

Al mismo tiempo, el hecho de que limita “de manera absurda” la suspensión condicional del procedimiento a hechos punibles inferiores a 4 años de privación de libertad, lo cual congestiona aun más y augura el colapso definitivo del “languideciente” servicio de justicia penal, precisaron.

El comunicado fue firmado por los abogados, Carlos Balcácer, Cándido Simón, Ángel Moneró Cordero, Erick Raful, Jhon Garrido, Ricardo Díaz, Juan Tomás Taveras, Arturo Holguín, Pedro Germán, José Alberto Estévez, Elías Nicasio Javirer y Manuel Sierra. EFE

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