Es inaceptable que ciudadanos no puedan querellarse contra funcionarios


La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) calificó como ”inaceptable” la modificación al Código de Procedimiento Penal, que impedirá al ciudadano, en lo adelante,  querellarse contra cualquier servidor público que cometa una falta en el desempeño de sus funciones, por ser contraria a la Constitución de la República y la Ley Orgánica que contempla la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Laura Peña

“Para ANJE es una vergüenza la modificación al Código de Procedimiento Penal aprobada – en única lectura – por el Congreso Nacional, pues elimina el tercer párrafo del artículo 85 de dicha pieza legislativa, que reconoce el derecho que tiene toda ciudadano (a) a querellarse contra un funcionario público, cuando el mismo haya cometido un delito, crimen, contravención o violaciones de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus funciones”, expresó Laura Peña Izquierdo, Presidenta de la Asociación.

ANJE destacó que esta modificación violaría el artículo 22 de la Constitución dominicana que ordena que “son derechos de los ciudadanos: denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo”. Como también, contradice el mismo Código Procesal Penal en su artículo 11, que establece la igualdad ante la Ley al destacar que, “todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas”.

Además, indicó que uno de los principales objetivos que persigue la Ley de Responsabilidad Fiscal que ordena la Estrategia Nacional de Desarrollo, es la creación de “políticas contracíclicas, normas y penalidades” para garantizar el buen desempeño del funcionario público dentro del marco de la Ley. Por tanto, ANJE alegó que, esta modificación también contradice y viola el artículo 36 de esta Ley Orgánica, al suprimir el derecho ciudadano de querellarse contra los servidores públicos que cometan una falta en su desempeño fiscal.

Peña Izquierdo agregó que, “nuestra Asociación pide al Poder Ejecutivo no promulgar esta modificación por su inconstitucionalidad e ilegalidad evidente, para evitar enviar un mensaje equivocado a la sociedad del gobierno que tiene la intención de darle el frente a la corrupción.” Asimismo, indicó que “todo Estado democrático debe garantizar la permanencia y reconocimiento de vías y procedimientos ordinarios y legales que permitan responsabilizar penal y civilmente a servidores públicos que actúen fuera de la Ley”.

ANJE abogó que, no solo se mantengan las vías y procedimientos jurídicos ordinarios vigentes en la actualidad para tales fines, sino que se fortalezcan para garantizar la igualdad y transparencia en nuestro Estado de Derecho.

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