La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), dijo ayer que el contrato firmado por el Estado dominicano con la empresa que instaló la planta de generación de energía Cogentrix, constituye una estafa al pueblo dominicano, ya que contempla el pago por capacidad instalada, no por energía servida, constituyendo eso una entrega de 4.8 millones de dólares por el tiempo que dure el contrato.
Agrega Adocco que han condicionado el cambio de uso de combustible a que este sea extendido por más tiempo, lo que ha encontrado apoyo en algunos funcionarios del sector eléctrico.
La entidad de la sociedad civil calificó de aberrante que funcionarios y empresarios se prestaran a someter al país a esa barbarie de asumir un compromiso, donde los inversionistas condicionaron que cobrarían, no obstante el gobierno dominicano no utilizara la energía producida, lo que no ocurre porque sería altamente más costoso que pagarle los US$4.8 millones al mes, por la producción con el combustible fuel oíl.
Adocco pidió al presidente Danilo Medina que rechace la propuesta de conversión, para que Cogentrix pase a generar con gas natural, por lo que exige a las autoridades que el contrato se extienda a 20 años, el que incluiría los ocho faltantes para terminar el actual contrato, o una garantía para el suplidor de gas natural de US$4,000 millones.
El contrato de la planta Cogentrix, con una capacidad de generación de 300 MW, para suplir electricidad a la CDEEE, es operada actualmente por la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís, Cespem, a base de fuel oíl, firmado en 1997, como resultado de una licitación pública internacional, aprobado por el Congreso Nacional, cuando el Senado de la República era controlado por el Partido Revolucionario Dominicano y el Gobierno estaba en manos del Partido de la Liberación Dominicana.
Al firmarse el contrato, el precio del fuel oíl número dos era de 28 dólares el barril, el cual se ha disparado exorbitantemente, resultando la operación insostenible con dicho carburante, por lo que el gobierno debe pagar por la capacidad instalada acordado en el leonino contrato, del cual participaron políticos y empresarios para su beneficio y ahora quieren la extensión del mismo para hacer la conversión a un combustible más barato.
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