Nueva York. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana, pidió  a la dominico haitiana, Juliana Deguis Pierre que retire una demanda que interpuso junto a otros tres hijos de inmigrantes haitianos, sometida en abril de este año ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y contra la JCE en tribunales dominicanos, alegando que el estado dominicano le quiere arrebatar la nacionalidad dominicana.

Juliana-Deguis



Rosario dijo que ya Deguis Pierre retiró su acta para fines de cédula, de lo que tiene constancia de que así ocurrió y debió iniciar el proceso para cedularse.

«Lo que yo espero ahora, es que Juliana, retire ahora la demanda que tiene contra el país y contra la Junta Central Electoral», añadió el doctor Rosario.



Preguntado por el periodista Miguel Cruz de El Nuevo Diario si cree que el caso de Juliana, es un capítulo cerrado, respondió que la República Dominicana emitió la ley 169-14, que es desde su punto de vista la legislación más avanzada que en materia migratoria, se haya aprobado en los últimos tiempos.

«Es una ley incluso, más avanzada que lo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos, y el debate en Norteamérica, ha demostrado que no tiene la efectividad que tenemos en la República Dominicana», añadió Rosario Márquez.

«Todo el que nació en nuestro país y lo demuestre, se le entregará sus documentos y en este caso, Juliana no es una excepción», expresó el presidente de la JCE.

Respecto a la cantidad de dominico haitianos, que se ha beneficiado con la referida ley, dijo que la cantidad no sobrepasa las 15.000 personas.

Aclaró que «la cédula no se le ha dado ni se le dará a ningún haitiano, sino a hijos de extranjeros que demuestran que nacieron en la República Dominicana».

LA DEMANDA DE DEGUIS

La demanda interpuesta por Deguis, incluye también a Yanelis Segó Basil, Jenny Salita Emanier Previlma, y sus hijos.

El reclamo de los demandantes, fue acogido a mediados de marzo de este año, por el Centro Kennedy para la Justicia y el Derecho (RFK).

La organización, con sede en Washington, dijo que «el Tribunal Constitucional Dominicano se ha unido vergonzosamente en una campaña sistemática de la discriminación contra los dominicanos de ascendencia haitiana y , haciendo caso omiso de su obligación de proteger los derechos fundamentales, se ha despojado a cientos de miles de dominicanos de su nacionalidad», dijo Kerry Kennedy, Presidente del Centro RFK .”

La comunidad interamericana no puede soportar testimonio de violaciones de derechos humanos en esta escala masiva sin acción. La CIDH debe tomar inmediatamente estos casos a enviar un mensaje claro e inequívoco de que el gobierno de la República Dominicana debe poner fin a su campaña de desnacionalización xenófobo de una vez por todas”.

El centro precisa que la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 contra la señora Deguis altera retroactivamente los criterios de la ciudadanía para los nacidos de padres extranjeros entre 1929 y 2010, en violación del derecho internacional, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos el juicio en el caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana».

El RFK añade que «como resultado, la señora Deguis y cientos de miles de dominicanos de ascendencia extranjera han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y dejó sin estado».

Indicó que «desde diciembre, menos de tres meses después de su polémica sentencia 168-13, el Tribunal Constitucional ha continuado ignorando el derecho internacional vinculante y publicado nuevas frases, confirmando la decisión inicial vergonzosa en siete casos adicionales».

«La protección del derecho a la nacionalidad es fundamental para garantizar el disfrute de muchos otros derechos humanos básicos”, expresó el presidente del RFK Kennedy.

«Sin acceso a los documentos de nacionalidad o ciudadanía, los dominicanos de ascendencia haitiana tienen poco o ningún acceso al trabajo, la educación, los servicios de salud, y una amplia gama de otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales», sostiene el RFK.