Santo Domingo. El diputado Vinicio Castillo Semán solicitó hoy al Ministerio de las Fuerzas Armadas, a Interior y Policía y a los servicios de seguridad del Estado incautarse de manera «inmediata» de las armas de fuego en poder de haitianos ilegales, por considerar que es un tema de seguridad nacional.

Vinicio Castillo



Castillo Semán, del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP), se refirió al tema tras los incidentes ocurridos el pasado sábado en el barrio 27 de Febrero cuando un grupo de haitianos atacó a policías que se presentaron al sector a buscar el cadáver de un haitiano que murió a manos de un agente en un suceso bajo investigación.

El legislador dijo que las versiones de periodistas que presenciaron los hechos «señalan la existencia de armas de fuego cortas y largas en manos de haitianos ilegales, lo que representa un hecho gravísimo que los organismos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Interior y Policía no pueden permitir ni pasar por alto.»



«Estos hechos de rebeldía violenta frente a la autoridad se producen en momentos en los que por primera vez en la historia republicana miles de haitianos ilegales se manifestaron en las calles de Santo Domingo frente a su Embajada, reclamando documentación de identidad civil de su país para acogerse al Plan Nacional de Regularización que lleva a cabo el gobierno dominicano», subrayó el diputado en rueda de prensa.

Asimismo, aseguró tener «informes» de que se prepara una manifestación multitudinaria de ilegales haitianos frente al Palacio Nacional a finales de mes.

En ese sentido, pidió a las fuerzas de seguridad el país «indagar quienes están financiando la organización y movilización de ilegales haitianos en el país, lo que potencialmente puede convertirse en una seria amenaza de orden público interno y de la seguridad nacional del país.»

«Las autoridades están en la obligación constitucional y legal, no sólo de incautar las armas de fuego en manos de ilegales, sino de deportar a todo aquél ciudadano haitiano o de cualquier otra nacionalidad que esté ilegalmente en el país y que pueda tener una conducta delictiva o de irrespeto al orden público y a las leyes de la República Dominicana», consideró.

Castillo Semán señaló que el decreto 327-14 que instituye el Plan de Regularización, solo impide la deportación (mientras dure el Plan) a favor de aquellos ciudadanos que se hayan acogido al mismo y que tengan una conducta correcta en el territorio de la República Dominicana.

«La Ley de Migración no ha sido abolida, y es un derecho soberano de la República Dominicana repatriar a los indeseables a su país de origen», concluyó.