Ataques aéreos estadounidenses sobre el noroeste de Siria mataron al menos a siete civiles, denunció este domingo la organización Human Rights Watch (HRW), que demandó una investigación sobre la eventual violación de las leyes de guerra.
Mientras circulan rumores sobre la pérdida de civiles debido a los ataques aéreos de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos en Siria contra los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI), el portavoz del Pentágono, el contralmirante John Kirby, dijo el jueves que las fuerzas estadounidenses “no cuentan con informaciones creíbles de fuentes operacionales” sobre la muerte de civiles.
Pero HRW, la organización de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York, citó el testimonio de tres habitantes de la ciudad siria de Kafr Deryan, en la provincia de Idlib, obtenidos a través de Skype, según los cuales al menos dos hombres, dos mujeres y cinco niños habrían muerto el martes por disparos de misiles.
De todas maneras, HRW precisó, citando “informaciones no confirmadas”, que los dos hombres muertos podrían haber sido combatientes del frente Al Nosra, la rama de Al Qaida en Siria. La organización advirtió que no podía aún verificar esa información.
Sin embargo, para HRW las imágenes de video de los ataques han confirmado que han muerto civiles debido a los disparos de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk.
“Estados Unidos y sus aliados en Siria deberían adoptar todas las precauciones posibles para evitar alcanzar a los civiles”, señaló en un comunicado el vicedirector de HRW para Medio Oriente, Nadim Houry.
“El gobierno estadounidense debería investigar sobre posibles ataques ilegales que habrían matado a civiles, hacer públicas sus conclusiones y comprometerse a tomar medidas en caso de constatarse una mala conducta”, añadió.
“Las informaciones sobre la muerte de al menos siete civiles en ataques en los que posiblemente no hubieran objetivos militares legítimos plantean la interrogante de saber si los ataques eran ilegales y deberían ser objeto de una investigación”, concluyó Human Rights Watch.
AFP
