Santo Domingo. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que con el descargo del exdirector de Prisiones, Mario Acosta Santos, acusado de incurrir en presuntos actos de corrupción y soborno, el sistema de justicia sigue favoreciendo la impunidad y enfrentando los esfuerzos que se realizan para perseguir y sancionar ese flagelo.
“Es inconcebible ese tipo de decisiones; verdaderamente resultan inadmisibles sentencias de esa naturaleza, con la cual se sigue enviando un mal mensaje a la sociedad de que prevalezca la impunidad pese a la existencia de pruebas que a todas luces comprometen la responsabilidad penal de los imputados”, manifestó el Jefe del Ministerio Público.
Dijo que a pesar de ello, sus esfuerzos y compromiso contra la corrupción continúan firmes. «No podemos permitir que acciones como éstas sigan lacerando la lucha contra la corrupción, debe haber un límite, es muy fuerte que hechos tan condenables como esos queden sin castigo, y se siga diciendo a la sociedad, que tanto ha sufrido por esos hechos, que aquí no hay sanciones para esos casos”, expresó a través de un comunicado de prensa.
Pese a que el Ministerio Público había pedido dos años de prisión por los citados delitos, el exfuncionario fue descargado mediante una decisión del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dispuso el cese de cualquier medida de coerción que exista en su contra.
El también exprocurador general adjunto, Mario Acosta, fue acusado de presuntamente haber recibido un millón de pesos para gestionar un traslado carcelario en beneficio del implicado en una poderosa red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, Pascual Cordero Martínez, alias El Chino.
Cordero Martínez, quien obtuvo posteriormente la libertad condicional, actualmente es perseguido para ejecutar una orden de arresto que existe en su contra por su presunta vinculación con una red de narcotráfico integrada por dominicanos y peruanos.
El Procurador General llamó a tomar conciencia sobre la necesidad de aplicar sanciones ejemplares que envíen una señal clara de que el incurra en cualquier tipo de delito en perjuicio del Estado y sus ciudadanos, será castigado acorde a la comisión del hecho, por el bien del sistema de justicia y el país en sentido general.