Por: Ingrid Luciano
Santo Domingo, 14 de mayo.- Los directivos de la Asociación Dominicana de Controladores Aéreos (ADCA) llevan 4 meses de vigilia frente al Palacio Nacional, con consignas como: “Reposición inmediata para los controladores” y “Alejandro Herrera privatizador del control aéreo”. Estos trabajadores fueron despedidos por denunciar las irregularidades técnicas en el servicio de control aéreo del país y por oponerse a los intentos privatizadorespromovidos por el gobierno. Su lucha es en defensa de la libertad sindical, los derechos laborales, contra la privatización de los servicios de aviación civil, y por que la seguridad de los usuarios y usuarias se ponga por encima de los negocios particulares.
Inicios del conflicto entre la ADCA y el IDAC: conquistas para los controladores
En el 2011 la ADCA realizó un levantamiento de información sobre las condiciones y deficiencias técnicas de todas las dependencias de control de tránsito aéreo en el país. Presentó recomendaciones ante los problemas técnicos encontrados y también reivindicaciones de orden económico. A inicios del 2012 el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Dr. Alejandro Herrera, desconoció y rechazó las deficiencias técnicas presentadas por la ADCA. Fruto de esto, la asociación realizó la denuncia públicamente.
Al mismo tiempo, el director del IDAC propuso la modificación de la ley 491-06 de aviación civil sin consultar a los trabajadores del sector. Según plantea Wellinthon Almonte, presidente de la ADCA, dicha modificación, específicamente en su artículo 37, implicaba un retroceso en términos de conquistas laborales adquiridas, además de que abría las puertas para la privatización del sector.
Los controladores aéreos lucharon para que el Congreso Nacional no modificara el artículo 37 de la ley de aviación civil y ganaron la batalla. Gracias a esto, el gremio mantuvo beneficios laborales además de un acuerdo de mejora salarial con el Presidente de la República. Entre el 2012 y el 2013, los controladores lograron el mejoramiento de los equipos de navegación aérea y frenaron los intentos de privatizar estos servicios, una de las principales pretensiones del proyecto de modificación de la ley de aviación civil.
El IDAC responde violentando la libertad sindical
El presidente de la ADCA, Wellinthon Almonte, relata que luego de las conquistas logradas por los controladores, hubo una serie de actividades anti-sindicales y lo que describe como “un plan para destruir a la asociación”. Asevera que “fue un estado de hostigamiento a los miembros de la asociación para que renunciaran de la misma, si no los cancelaban, los trasladaban, los dejaban fuera de los cursos de actualizaciones que se hacen por ley en la institución, los amenazaban de pensionarlos. También compraron a algunos miembros. Casi a la mayoría de los supervisores y gerentes de control. Les daban viajes, les ofrecían un sinnúmero de beneficios. Y así muchos de ellos renunciaron a la asociación”.
En diciembre de 2013, el director del IDAC propició una asociación amarilla, conformada por los supervisores y gerentes de la institución. Un mes después, firmó con dicha asociación los acuerdos que el Palacio Nacional había hecho con la ADCA, de esta manera desconociéndola.
Pero la ADCA continuó funcionando. Como nueva estrategia de destruirla suspendieron y luego cancelaron, entre febrero y abril de 2014, a doce controladores aéreos, de los cuales cinco estaban en el consejo directivo. Solo fueron mantenidos en sus puestos aquellos que renunciaron a la asociación. La ADCA contaba con 280 trabajadores, de los cuales han renunciado unos 120, fruto de toda la actividad anti-sindical desarrollada por las autoridades.
Almonte describe el clima de persecución laboral desarrollado por las autoridades hasta el día de hoy. “Los controladores que están trabajando están viviendo un estado de hostigamiento, una dictadura, porque no pueden reportar las deficiencias. Está prohibido. No pueden siquiera reunirse con la Asociación. Ni ir a su local, porque les toman fotos y los amenazan con despedirlos”. A pesar de todo, la solidaridad de clase se ha mantenido: las cotizaciones de los controladores activos ha ayudado a sostener la lucha de los despedidos.
Política anti-obrera: justicia tuerta, represión y silencio
“Sobre las prácticas anti-sindicales, en este país es una práctica normal. No se respeta la libertad sindical a ningún nivel. El gremio o sindicato que se vaya a favor de sus derechos, ellos buscan la manera de –si no pueden destruirlo- dividirlo. Es lo que han hecho con nosotros. No pueden destruirnos, ¿qué hicieron?, nos dividieron”. Wellinthon Almonte, presidente de la ADCA.
La ADCA recurrió al Tribunal Superior Administrativo, organismo que tras conocer los expedientes falló a favor de los controladores aéreos. Ordenó al IDAC la reposición inmediata de los trabajadores afectados, tras haber comprobado que se trataba de sanciones ilegales que violentaban la libertad sindical. El director del IDAC desacató la sentencia y recurrió a un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. Este último emitió una sentencia donde planteaba que el Tribunal Superior Administrativo no tenía competencia ante el recurso de amparo de los controladores, pues los despidos serían competencia del Tribunal Contencioso Administrativo.
La ADCA sostiene que el Tribunal Superior Administrativo sí es la vía para la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, los controladores también depositaron un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, organismo que sin conocer sus expedientes ha despachado el caso mediante tecnicismos, alegando incumplimientos en los plazos establecidos. Actualmente está abierto un recurso de revisión ante dicho tribunal. También está abierto un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
A nivel internacional, los controladores han presentado su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además de los recursos judiciales, los controladores aéreos permanecen en vigilia frente al Palacio Nacional. Han sufrido apresamientos injustificados en cuatro ocasiones. “Cuando preguntamos cuáles eran los cargos, dijeron que era orden presidencial… luego de varias horas nos soltaban”, explica Almonte.
Cada vez que el Presidente de la República sale del Palacio Nacional, los controladores en vigilia se ponen de pie y le muestran sus letreros para llamar su atención. También le han expuesto por escrito su situación. Al preguntarles qué respuesta han tenido, nos responden: “del Presidente de la República hemos recibido una indiferencia muy grande. No nos ha recibido, no nos responde, no habla del tema, apoyando a un funcionario abusador”.
Publicado en web.laclase.info
