Washington, Estados Unidos. La Organización de Estados Americanos (OEA) alertó este miércoles sobre las «condiciones precarias» de grupos de haitianos desplazados desde República Dominicana, y advirtió que algunos están «en riesgo» de quedar apátridas.
La OEA «reconoce la existencia de desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias», dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al leer las conclusiones de una misión que envió a los dos países.
El organismo regional, con sede en Washington, también observó que «existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad», como consecuencia de un plan de regularización impulsado por Santo Domingo que organizaciones civiles critican como incompleto.
Los expertos de la OEA también recomendaron a los gobiernos de Haití y República Dominicana iniciar un diálogo bilateral para hallar soluciones a la disputa migratoria.
«Se recomienda que se organice un encuentro entre los dos países en el lugar más apropiado y aceptado por ambas partes», leyó Almagro.
El informe de solo tres páginas recoge las observaciones y recomendaciones de la misión del organismo, liderada por el secretario de asuntos políticos, Francisco Guerrero, que visitó Haití y Dominicana entre el 10 y el 14 de julio.
El informe fue acogido con precaución por las delegaciones de Dominicana y Haití, y celebrado por el resto de los países en el Consejo Permanente, el máximo órgano político de la OEA, por su llamado al diálogo.
El embajador dominicano Pedro Verges dijo que Santo Domingo responderá a las recomendaciones y observaciones expresadas en el «futuro inmediato».
Haití «se congratula de las recomendaciones» del documento, señaló el representante haitiano Bocchit Edmond.
El problema migratorio se remonta a una polémica decisión del tribunal Constitucional dominicano, que en 2013 negó la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país, lo que convirtió, de facto, en apátridas a más de 250.000 personas, principalmente hijos de haitianos.
Ante la presión internacional, Santo Domingo implementó un plan nacional de regularización de extranjeros, y otorgó la nacionalidad dominicana a 55.000 personas. Sin embargo, la mayoría de los indocumentados no pudo finalizar el procedimiento antes de la fecha límite de 17 de junio y corre el riesgo de ser expulsada del país.
