La denuncia del exjuez Juan Miguel Castillo Pantaleón en el sentido de que grupos quieren “asaltar” el Poder Judicial, ha generado diversas reacciones, entre ellas, de juristas y organizaciones de la sociedad civil.
El domingo, Castillo Pantaleón afirmó que los ataques que se están lanzando contra el Poder Judicial, se debe a que grupos empresariales, de la sociedad civil y de partidos políticos pretenden asumir el control de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que actúe al servicio de sus intereses y que la trama se dirige también contra el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral.
Al respecto, abogados consideran que realmente hay sectores que quieren “apoderarse” del sistema de justicia del país, pero aseguran que el problema de la corrupción es sistémico y que la convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura no procede, con lo cual coincide Castillo Pantaleón, quien afirmó que la petición que le hizo el procurador general de la República al presidente Danilo Medina para que convoque este órgano es “una verdadera aventura” en términos de desafío a lo que establece el marco constitucional.
La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, afirmó que a la sociedad civil lo único que le interesa del Poder Judicial es que haya un “verdadero equilibrio” y respeto a la institucionalidad.
Dijo que la palabra “asaltar” al Poder Judicial como considera Castillo Pantaleón es un término “inapropiado” y que en el caso de PC, lo que preocupa es que haya una real administración de la justicia y una independencia funcional de los jueces y juezas del sistema.
“No. No es cierto”, afirmó al ser cuestionada sobre las afirmaciones del exjuez y acto seguido aseguró: “Más que todo, a nosotros nos preocupa el fortalecimiento que necesita el Poder Judicial. Nos preocupa la falta de institucionalidad dentro del Poder Judicial, sobre todo en estos momentos donde se está cuestionando la falta de cumplimiento de la Ley y ciertos presuntos actos de corrupción dentro de la parte de conocimiento de los casos”. Insistió en que -más que todo- a Participación Ciudadana le interesa mucho dar seguimiento al cumplimiento de la ley en los casos de corrupción administrativa.
“Es un cuestionamiento que hacemos porque los casos sometidos no han llegado a conocerse en juicio”, precisó Sosa.
“Trama viene del propio Gobierno”
Mientras que el doctor Ángel Lockward, en una carta pública, afirmó que es cierta la denuncia de Castillo Pantaleón en cuanto a la trama para desmontar la SCJ, pero aclaró que el plan viene del propio Gobierno.
“No son sectores políticos, es el Gobierno que desea trasladar de un sector del PLD a otro el control judicial y, para este fin de los ocho miembros, todos del PLD y su aliado, la Presidencia controla a seis, empero este golpe del Poder Ejecutivo no tendría cabida, si la SCJ no estuviese afectada de un desprestigio real y grave como ocurre”, expresa en la misiva.
En tanto que Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FTJ), expresó que hay quienes les gusta “pescar en río revuelto”, específicamente en este momento de crisis por el que atraviesa la justicia y que pese a eso no existe la viabilidad institucional ni constitucional para la convocatoria del Consejo de la Magistratura, puesto que para eso hay que esperar que se venzan los plazos establecidos en la Constitución para cada una de las altas cortes.
Plantea que se haga una ley sobre la prevaricación judicial y que se impone la necesidad de que se realice un gran diálogo nacional para sacar la política de las altas cortes.
“Dejar que los jueces sean jueces, que tengan esa independencia, esa objetividad, esa imparcialidad; que no estén supeditados a ningún poder político, que el Ministerio Público tenga mayor independencia a nivel presupuestario”, argumentó el jurista.
De su lado, el abogado Manuel Galván Luciano dijo que en el sistema de justicia hay “decenas” de jueces y fiscales serios y trabajadores, pero que siempre han estado latentes las aspiraciones de diversos sectores de apoderarse del sistema.
Por su parte, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, expresó que como Ministerio Público han estado jugando su rol en cuanto a la persecución de los hechos delictivos cometidos en el país sin importar que sea de delincuencia común o de crimen organizado.
“Por parte, del Ministerio Público no tenemos otra intención que no sea asumir el rol de cada acto ilícito que se cometa en el país sea independientemente de un hecho de criminalidad común, de criminalidad organizada o de corrupción judicial como en este caso”, explicó.
Presidente del CODUE: la justicia tiene dueño
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Fidel Lorenzo Merán, aseguró ayer que la justicia dominicana tiene dueño y que aunque en sus filas hay muchas personas de valor, responsables y serias, quienes la manejan han demostrado que no tienen capacidad de independencia para hacerlo.
“La justicia con estos actores que tiene como los árbitros y los dueños, es imposible aspirar a tener una justicia independiente”, expresó.
El reverendo destacó que “la justicia depende de quien la pueda pagar y sí el individuo puede pagar, fácilmente el inocente sale condenado y el culpable sale libre a la calle”.
Agregó que a pesar de esto en el presupuesto del año 2016 no se incluye ni un centavo para la justicia, ni de los mecanismos de defensa; pero a instituciones que están imputadas por malversación de fondos y corrupción hasta les aumentaron los fondos.
Fuente El Caribe/ Darlenny Martínez
