La Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC) planteó la eliminación del subsidio a los hidrocarburos, debido a las distorsiones de mercado que ha estado provocando la comercialización irregular de los combustibles exonerados de impuestos y que resultan en perjuicio de los consumidores, las compañías distribuidoras y del Estado.
La SEC endosa las recientes declaraciones del ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, quien indicó que al momento de establecerse el subsidio existían unas condiciones de mercado que en la actualidad han cambiado y que, por tanto, este debe de ser eliminado.
La preocupación por esta problemática ha sido expresada por ANADEGAS y algunos dirigentes sindicales del transporte beneficiados por el subsidio, quienes la han calificado como una práctica desleal que afecta la regulación de los precios de los hidrocarburos y han sido motor de crímenes. Los dirigentes gremiales han sugerido en los últimos días la eliminación del subsidio a empresas y grupos que no lo requieren, sino que lo comercializan para enriquecerse.
El presidente de la SEC, Demetrio Almonte, indicó que el impacto fiscal que tiene esta práctica (unos cuatro millones de galones mensuales) representa pérdidas estimadas en más de RD$2,000 millones todos los años al Estado dominicano.
Esta situación ha sido denunciada durante años por la SEC, cuyo principal objetivo es defender e impulsar el desarrollo integral, sostenible y responsable de la industria de los hidrocarburos en República Dominicana y contribuir con la búsqueda de soluciones para enfrentar las distorsiones que afectan a ese mercado.
La SEC ha sostenido que en caso de que en el futuro las condiciones ameriten el otorgamiento del subsidio a los sindicatos de transportistas, este debe ser canalizado de una manera más controlada, garantizando que llegue a sus beneficiarios reales.
“Sugerimos que en caso de que deba aplicarse el subsidio, este sea canalizado a través de las estaciones de servicio reguladas para garantizar una mayor transparencia, evitar las prácticas desleales, y asegurar que el producto llegue al destinatario original, sin que haya cabida para que sea desviado para otros fines. Para este modelo se puede partir de la exitosa experiencia del programa Bonogas, lo que además eliminaría las estaciones ilegales que no generan impuestos para el Estado y contribuyen a la informalidad del sector”, indicó Almonte.
