El presidente Danilo Medina instruyó mediante decreto a la comisión integrada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, José Dantés y Lidio Cadet, a que dirija la disolución y transferencia de titulación del patrimonio de la Corporación Dominicana de Empresas Estales (Corde), y de la Comisión de Reforma a la Empresa Pública (CREP).



El decreto instruye a la referida comisión a que asuma la gestión corporativa de la Corde hasta que culmine, de manera definitiva, el proceso.

El decreto 16-17 dispone que mientras culmine el proceso de disolución, la comisión asuma la gestión operativa, administrativa y financiera y deberá elaborar un proyecto de ley sobre la disolución de Corde. De igual forma, sobre la transferencia de titularidad de su patrimonio.



La disposición del Presidente deroga el decreto 398-08, que designó a Leoncio Almánzar Objío como director general de Corde, y ordena la suspensión inmediata de las operaciones de ambas entidades, excepto aquellas que resulten del mandato otorgado a la comisión.

El artículo 3 del decreto, de fecha 10 de febrero de 2017, instruye a la comisión coordinar con la Crep la disolución de esta última. Mientras el artículo 4 dispone iniciar, de inmediato, la demanda de nulidad de ventas de las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155 en Los Tres Brazos.

Los citados terrenos pertenecen al Distrito Catastral número 15 del Distrito Nacional. También se instruye a todas las instituciones del Estado a cooperar con los trabajos y ordena evaluar los activos de Corde y hacer recomendaciones sobre su destino y uso así como que los bienes inmuebles sean traspasados a la Dirección General de Bienes Nacionales.

Además, instruye al Ministerio de la Presidencia a elaborar una propuesta sobre su utilización en proyectos de interés social. Respecto a los pasivos, el artículo 7 señala que serán evaluados por el Ministerio de Hacienda. De proceder, serán pagados con los fondos asignados. El artículo 8 indica que los recursos humanos que laboren en Corde serán reubicados en otras dependencias del Estado y especifica que se tomará en cuenta el perfil profesional en el marco de las reglamentaciones de esas instituciones.