Lima, Perú. Sergio Moro, juez brasileño del gigantesco escándalo de corrupción conocido como «Lava Jato», espera que los procesos que involucran a autoridades de Brasil, se resuelvan con celeridad, cuando el caso empieza a cercar al actual presidente, Michel Temer.



«Lo más importante es que esos casos sean tramitados de una manera rápida, para tener una respuesta institucional lo más rápido posible», dijo el jueves Moro en una breve conferencia de prensa, durante un seminario sobre corrupción y estado de derecho que se desarrolla en Lima.

Moro recordó que los casos que salpican a altas autoridades en su país, entre ellos congresistas, ministros y al propio presidente Michel Temer, cuentan con el denominado foro privilegiado, y deben ser resueltos por el Supremo Tribunal Federal (STF), en donde los procesos suelen caminar mucho más lento que en instancias inferiores.



«En Brasil esas investigaciones continúan (…)Están en el Supremo Tribunal Federal y están en camino», agregó, Moro, un juez federal a cuya instancia no corresponde evaluar los casos que vinculan a altos funcionarios.

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Moro, juez estrella del caso «Lava Jato» -referido a los millonarios sobornos que constructoras brasileñas pagaron a funcionarios y políticos de Brasil a cambio de obras públicas- admite que existe preocupación cuando casos de corrupción tocan al poder.

«Existe preocupación cuando las investigaciones involucran a poderosos, a veces eventualemte tienden a obstruir de alguna forma» el proceso, comentó, y recordó un proyecto de amnistia para implicados en el «Lava Jato» que se debatió en el Congreso de Brasil, y que finalmente no prosperó.

Algunas de las delaciones que involucran a altos funcionarios y que se han filtrado a la prensa, han rozado incluso al propio Temer, quien ha negado todas las acusaciones.

La policía brasileña buscaba el jueves a dos prófugos investigados por pagar sobornos a senadores del partido de Temer, entre otros funcionarios.

Desde que reemplazó en mayo a la destituida Dilma Rousseff, Temer ha perdido a siete prominentes figuras de su administración, seis ministros y un cercano asesor, por desavenencias internas y acusaciones de corrupción.

La última salida fue la de su canciller, José Serra, ocurrida el miércoles, por presentar problemas de salud.