Washington, Estados Unidos. De los 2.900 bebés que nacieron el año pasado en el condado de Cabell, West Virginia, 500 debieron ser destetados debido a una dependencia a un opioide.

En Ohio, los condados alquilan contenedores refrigerados para almacenar el creciente número de cadáveres de víctimas de sobredosis.

En New Hampshire, los hospitales tienen tantos pacientes por sobredosis, que deben tratarlos en salas de operaciones y nurseries neonatales.

Y en el condado de Palm Beach, Florida, donde el presidente Donald Trump pasa los fines de semana, solo el viernes 10 personas murieron por sobredosis, probablemente de una partida contaminada con fentanyl, un poderoso opioide sintético para calmar el dolor.

– Suben muertes por sobredosis –

Más de 33.000 personas murieron en el país en 2015 por sobredosis de opioides, un aumento de 15,5% con respecto a 2014.

Ello equivale a un récord de 10 muertes por sobredosis cada 100.000 habitantes -10 veces más que en 1971, cuando el gobierno declaró la guerra contra las drogas.

Pero mientras que seis años atrás cuatro de cada cinco muertes por sobredosis obedecían a analgésicos opioides como oxycodone e hydrocodone, ahora la heroína y la heroína con fentanyl son responsables de casi la mitad de los fallecimientos.

En Cabell, la tasa de muertes por sobredosis es de aproximadamente unas 30 por cada 100.000 habitantes, ni siquiera la más elevada de West Virginia, el estado más golpeado por la crisis de adicción.

El abogado Paul Farrell presentó la semana pasada una demanda de los condados Cabell y el vecino Kanawha por daños y perjuicios contra las farmacéuticas por inundar el estado de opioides.

«Mi comunidad se va muriendo a diario», dijo Farrell. Uno de cada seis nacidos en la zona sufre de síndrome de abstinencia neonatal, que la madre adicta traspasa a su bebé.

«El hospital tiene que mecer a estos bebés 24 horas diarias mientras gritan su salida de la adicción», dijo el letrado, que agregó que condados como estos no tenían más opción que obligar a las farmacéuticas a pagar por los presentes y futuros costos de la crisis.

«Lo que pedimos no es solo que sean responsabilizados por violar abiertamente las leyes federales y estatales, sino que enmienden el daño causado para evitar crear otra generación de adictos», afirmó.

– Píldoras adictivas –

La forma en que los productores y distribuidores de opioides de prescripción alimentaron la crisis queda clara en datos de la DEA no divulgados que fueron citados en diciembre por el diario Charleston Gazette-Mail, de West Virginia.

Ello revela que de 2007 a 2012 esas compañías vendieron 780 millones de analgésicos opioides en West Virginia, 421 de ellos píldoras extremadamente adictivas para hombres, mujeres y niños en este empobrecido estado del este del país.

Los estados sienten el impacto. El 1 de marzo, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, declaró el estado de emergencia por la crisis de adicción, lo que le permitió acceder a fondos normalmente destinados a desastres naturales.

Hace dos semanas, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció una amplia nueva campaña para doblegar la adicción, luego de que el número de muertes por sobredosis alcanzara los 1.075 casos en 2016.

«La industria farmacéutica ha alentado por años el uso excesivo de los analgésicos adictivos», afirmó.

– De la receta a la heroína –

Después de una década y centenares de miles de muertes, la crisis de adicción a los opioides está ingresando en una nueva fase.

El aumento de las muertes por sobredosis sigue a un cambio en la naturaleza de la crisis. Luego de que la DEA ordenó el año pasado una reducción de 25% en la distribución de opiodes con receta, los adictos se están inclinando a la heroína.

Pero esa droga está frecuentemente cortada con fentanyl, causando aún más sobredosis.

«Todo el mundo comienza a ver un descenso en los opiáceos de receta. Al caer la oferta, lo que vemos es un aumento proporcional de la heroína», dijo Farrell, quien agregó que «veremos una transición al mayor abuso de heroína en los próximos cinco años».

Para obtener fondos para manejar la crisis, las ciudades y condados litigan contra fabricantes como Purdue Pharma, que produce OxyContin, el analgésico opioide de mayor prevalencia; distribuidores mayoristas como McKesson, Cardinal Health y AmerisourceBergen; y a operadores farmacéuticos como Rite Aid y Walmart.

New Hampshire, el estado de Nueva Inglaterra cuya tasa de muertes por sobredosis rivaliza con la de West Virginia, demandó a Purdue.

«El año pasado tuvimos 450 muertes por sobredosis», en un estado de 1,3 millones de habitantes, dijo a la AFP el asistente del fiscal general James Boffetti.

Paul Hanly, cuyo bufete Simmons Hanly Conroy LLC querella contra 11 distribuidores de opioides en nombre del condado de Erie, Nueva York, dijo que el comportamiento de las compañías se asemeja a los de los traficantes.

«Ciertas conductas que alegamos en nuestros casos y en los casos de West Virginia lindan con el crimen organizado y la conspiración», dijo.

Las compañías se defienden, negando tener responsabilidad.

En una declaración a la AFP que refleja las posturas del sector, Cardinal Health dijo: «Creemos que estas querellas similares no avanzan en el duro trabajo necesario para resolver la crisis del abuso de opioides, una epidemia surgida de la adicción, la demanda y el uso ilegítimo de medicamentos».