La ASIET expresa su profunda preocupación ante nuevos impuestos a las telecomunicaciones en RD


La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) expresa su profunda preocupación por la aprobación del Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9 -1 -1 que deroga la Ley Nº 140-13 (Proyecto SINAES 911) en la Cámara de Diputados de República Dominicana que, de ser implementado, tendría efectos negativos en los avances del sector de telecomunicaciones y generaría riesgos para la protección de la información de los usuarios.

? El Proyecto SINAES 911 plantea un impuesto a la recepción de mensajes de texto y llamadas internacionales que aumentaría los costos de estos servicios.

? Las obligaciones que plantea en materia de transparencia son contrarias a los principios de confidencialidad, protección de datos y resguardo de las informaciones.

La seguridad de la población es un tema prioritario que debe ser atendido de manera coordinada por todos los sectores de la sociedad. Las empresas de telecomunicaciones en República Dominicana han apoyado en la atención de emergencias y en la protección de los ciudadanos, realizando todos los esfuerzos para poner a disposición sus servicios y colaborar con las autoridades. Desde antes de la creación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9 -1 -1 (SINAES), ya ofrecían acceso gratuito al sistema. Tras su creación, el sector ha realizado importantes inversiones para el desarrollo de las instalaciones y la operación de los programas necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Además, las empresas de telecomunicaciones asumen los costos relacionados con las llamadas al 9 -1 -1, siendo gratuito para la población.

El Proyecto aprobado este 24 de mayo por la Cámara de Diputados busca regular el SINAES sin tener en cuenta los avances y aportaciones que la industria ya realiza en la materia, ni evaluar los efectos que tendría el mecanismo de financiamiento y las obligaciones de transparencia que plantea. Su contenido es contrario a los objetivos que las propias autoridades se han fijado en cuanto al acceso a las TIC, sin que a la fecha haya considerado la opinión de especialistas, ni la realización de un proceso de consulta abierto a los actores involucrados.

Es necesario tener en cuenta el panorama complejo que presenta el país para lograr que más ciudadanos accedan a los beneficios de las TIC. Según el Foro Económico Mundial, República Dominicana ocupa el lugar 98 de 139 países en cuanto a capacidad para capitalizar la digitalización y aprovechar sus beneficios y, como indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), en 2015 casi la mitad de los dominicanos no usaba Internet y la penetración móvil no alcanzaba el 83%. Mientras las autoridades y el resto de actores del Ecosistema Digital han señalado la necesidad de políticas públicas que fomenten las condiciones para el desarrollo del sector y la inclusión de la población en el entorno digital, el Proyecto SINAES 911 contiene elementos que tendrían consecuencias negativas en la oferta y el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Fuentes de financiamiento para el SINAES. La creación de la Tasa para el Desarrollo y la Sostenibilidad del SINAES (TDS), que se aplicaría a las llamadas internacionales y a la recepción de SMS, resultaría en un nuevo impuesto para el sector con implicaciones adversas. Frenaría el acceso de la población a los servicios, e iría contra los objetivos recaudatorios del Estado, al incentivar la adopción de servicios sustitutos como los prestados por operadoras ilegales, o los proporcionados por empresas OTT, en muchos casos no regulados y por tanto fuera del sistema tributario. Esto disminuiría el tráfico regular y consecuentemente disminuiría la recaudación fiscal total. Además, el mecanismo de cobro que se propone constituye una violación a los acuerdos internacionales en materia de interconexión firmados por el país y plantea problemas a las operadoras por los contratos ya firmados con operadores internacionales.

Hablamos de un nuevo impuesto para un sector ya altamente gravado, el 2º país de la Región – y el 6º del Mundo- con mayor tasa impositiva para los servicios móviles según la ITU. La Alianza por un Internet Asequible señaló que en República Dominicana “la tributación comprende la mayor parte del costo total de los servicios de TIC; los dominicanos pagan un 10% de impuesto selectivo sobre cualquier servicio de TIC y un 18% de impuesto tipo valor agregado (IVA)”, así como “diversos impuestos y tasas adicionales afectan de manera negativa las estructuras de costos de provisión y aumentan el costo de conexión.”

De acuerdo a experiencias internacionales y la explicación de diversos estudios, el establecimiento de impuestos al sector afecta de forma más directa a las familias de menos recursos. El cobro de un impuesto es una medida que incrementa los costos del acceso a los servicios y esto se traduce en aumentos de precios. Un estudio publicado por cet.la muestra con claridad las consecuencias negativas de los impuestos para la conectividad y documenta diversos casos en la región.

Principio de Celeridad y Sistema Antifraude. Adicionalmente a los efectos económicos y de acceso, observamos con preocupación que el proyecto plantea disposiciones que ponen en riesgo derechos fundamentales de la población. Define el principio de celeridad y establece la obligación para que “cualquier entidad pública o privada que esté relacionada con un hecho de seguridad ciudadana” provea la información que requiera la víctima sobre éste, de forma inmediata y sin mayor trámite. En el mismo sentido, al estipular la obligación para que las PST permitan que INDOTEL o “aquella entidad que actúe con su cuenta” instale equipos para el seguimiento y control de tráfico, pone en riesgo la información de los usuarios, al no garantizar que los equipos utilizados no puedan ser usados con fines ilícitos. Ambas disposiciones establecen obligaciones para los operadores que contravienen la legislación vigente en el país en materia confidencialidad, protección de datos y resguardo de las informaciones. Resulta importante mencionar que el proyecto contraviene la Ley 172-13 que protege los datos personales “asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos” y contraviene a la Constitución, que señala el derecho a conocer sobre los datos, la información contenida en registros públicos y el uso que de estos se haga bajo el principio de la inviolabilidad de las comunicaciones -con salvedades claramente definidas y delimitadas-.

Reiteramos la importancia de contar con un sistema unificado de atención de emergencias, buscando alternativas que no afecten los objetivos de conectividad del país y la protección de los derechos de los dominicanos. La mejor vía para cumplir con dichas condiciones es aprovechar los avances logrados hasta el día de hoy y, de manera coordinada entre los diversos actores que participan en dicha iniciativa, generar un esquema óptimo y sostenible en beneficio de la población del país.

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