La oposición venezolana nombrará este viernes en el Parlamento, donde es mayoría, una corte suprema paralela en su ofensiva para obligar al presidente Nicolás Maduro a suspender la elección de una polémica Asamblea Constituyente.

“Mantenemos la presión, nombraremos a los magistrados y el sábado de nuevo a las calles. La próxima semana será la recta final para lograr el cambio en Venezuela y hacer retroceder esa falsa Constituyente”, dijo el diputado Freddy Guevara.

Los legisladores de la oposición citaron a una sesión parlamentaria pública para la mañana de este viernes en una plaza del este de Caracas, donde designarán a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La estrategia opositora continúa tras concluir este viernes el paro general que convocó por 24 horas y que dejó un menor de 15 años y dos jóvenes de 23 y 24 años muertos en violentos disturbios, elevando a 100 los fallecidos en casi cuatro meses de protestas.

La Fiscalía confirmó este viernes que el menor murió “durante una manifestación en el sector Pomona”, del estado Zulia (noroeste), sin ofrecer más detalles.

Fuertes choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes se registraron durante el paro en Caracas y otras ciudades, con saldo de 367 detenidos sobre todo en la capital y en los estados Zulia, Nueva Esparta y Carabobo, según la ONG Foro Penal.

Hasta la madrugada del viernes, pequeños grupos de manifestantes mantuvieron bloqueadas calles con barricadas.

La oposición estimó en 85% el cumplimiento del paro, pero según Maduro fue un fracaso, pues aseguró que sectores claves de la economía, como la industria petrolera, operaron al 100%.

La oposición escaló las protestas animada por 7,6 millones de votos que asegura obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el pasado domingo contra la Constituyente, cuyos 545 asambleístas se elegirán el 30 de julio para reformar la Carta Magna.

– ¿Estado paralelo o constitucional? –

La oposición rechazó participar en la Constituyente, argumentando que no fue convocada en referendo y que el sistema electoral es un “fraude” con el que Maduro busca aferrarse al poder, con apoyo de los militares y los poderes electoral y judicial.

Acelerando su ofensiva, la oposición nombrará a los magistrados paralelos a los 33 que según ella y la fiscal general, Luisa Ortega, chavista devenida en fuerte crítica del gobierno, fueron designados irregularmente por la anterior mayoría legislativa oficialista.

La noche del jueves, la corte declaró nulo ese proceso, pues persiste el “desacato” en el que declaró al congreso en enero de 2016, cuando asumió su control la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares” incurrirá en el delito de “usurpación”, advirtió el TSJ, acusado de servir a Maduro.

El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, candidato a asambleísta, amenazó con cárcel para los “usurpadores”, cuando sea elegida la Constituyente.

“La dictadura nos acusa de montar un ‘Estado paralelo’. ¿Quién usurpó las funciones del Parlamento? Somos el Estado constitucional”, aseguró Guevara.

Según la fiscal Ortega, contra quien se sigue un proceso judicial por sus señalamientos contra los magistrados, el TSJ rompió el orden constitucional en Venezuela con fallos que socavaron el poder del Parlamento.

– Llamados internacionales –

Maduro confronta una fuerte presión internacional, a la que ha respondido que la Constituyente “va”, especialmente -dijo- luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con sancionar económicamente a Venezuela.

Gobiernos de América Latina, la Unión Europa y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le han pedido al mandatario que retire el proyecto.

La cumbre del Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, hará un llamado a Maduro este viernes para que desista de convocar la Constituyente y que llame a un diálogo con la oposición, durante su reunión en la ciudad argentina de Mendoza.

El gobierno de Maduro calificó a esta cumbre de “ilegal” y consideró “alarmante el permanente uso temerario del mecanismo de integración al servicio de una política de hostigamiento” contra Venezuela.

En medio de la crispación, un diplomático venezolano ante Naciones Unidas, Isaías Medina, renunció, denunciando violación de derechos humanos en su país, pero el gobierno dice que lo relevó por actuación “deshonesta”.

La oposición asegura que la Constituyente hará de Venezuela “otra Cuba” y empeorará la asfixiante crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula será de 720% este año.

Maduro sostiene que la Constituyente recuperará la economía y le dará rango constitucional a los programas sociales, al control de precios contra la inflación y la distribución de alimentos subsidiados.