Santo Domingo. El procurador general de la República ordenó que el Ministerio Público actúe con todo el peso que permite la Ley No. 136-03 de protección a los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, contra los adultos que tengan relaciones maritales, sentimentales, de noviazgo, enamoramiento, o de pareja con niñas y adolescentes.
En este sentido, Jean Rodríguez, quien se manifestó profundamente indignado por la proliferación en el país de los embarazos en niñas y adolescentes, mediante el oficio número 03004, instruyó al personal del organismo que encabeza, para que sea más severo en la persecución de esos casos y someta a la justicia a cualquier persona que incurra en esta ilegalidad o que tenga responsabilidad penal en que acontezca la misma.
“Como padre me siento consternado con lo que está sucediendo en nuestro país. Cada vez, más niñas y adolescentes, seducidas por hombres adultos irresponsables, acuden embarazadas a centros hospitalarios, para traer al mundo niños y niñas, que luego, sin tener culpa, sufren las devastadoras consecuencias de un ausentismo paterno”, expresó el procurador general.
Rodríguez dijo además, que instruyó a los procuradores fiscales titulares y procuradores fiscales del sistema de niñas, niños y adolescentes, a los fines de mejorar la coordinación con las autoridades locales de salud y los responsables de centros hospitalarios, de manera que cuando que se presente una menor embarazada, se levanten los datos y se proceda a identificar al adulto responsable para traducirlo a la acción de la justicia.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público procederá a identificar a los padres o tutores de las niñas y adolescentes que sean objeto de este tipo de abuso, para también ponerlos a disposición de la justicia, por violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas Adolescentes (Ley 136-03).
El procurador general señaló que también instruyó a la Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público, que está a cargo de la procuradora adjunta Marisol Tobal, para que dé seguimiento al reforzamiento de estas acciones a nivel nacional y le presente informes periódicos sobre su cumplimiento.
Mediante un comunicado, la Procuraduría General de la República recordó que el procurador general respalda la modificación al Código Civil Dominicano para que se fije en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, por considerar que el matrimonio infantil atenta contra los valores supremos de los niños, niñas y adolescentes, como son el respeto a la dignidad humana y al bienestar social.
De igual manera, reiteró el compromiso del Ministerio Público de seguir trabajando para que se cumpla la Ley 136-03, y garantizar su protección ante toda acción que impida su pleno desarrollo.