Washington, Estados Unidos. Dos psicólogos que ayudaron a diseñar el programa de interrogatorios de detenidos de la CIA tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 evitarán ir a juicio gracias a un acuerdo alcanzado fuera de los tribunales.
Los acusados llegaron a este acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que había presentado una demanda en nombre de tres exprisioneros, uno de los cuales murió en una prisión de la CIA tras duros interrogatorios.
James Mitchell y Bruce Jessen fueron reclutados por la CIA en 2002 para ayudar a diseñar y dirigir los interrogatorios de sospechosos capturados en Afganistán y otros lugares, en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Los dos hombres, que cobraron 80 millones de dólares por su trabajo, alegaron no ser personalmente responsables de las decisiones específicas de utilizar «técnicas de interrogatorio mejoradas», como el ahogamiento simulado («submarino») o la fijación de los prisioneros en posiciones dolorosas.
«Ni el Dr. Mitchell ni yo estábamos al tanto, ni hemos apoyado o aprobado el uso de estos métodos no autorizados», dijo Bruce Jessen en un comunicado conjunto.
La ACLU alegaba que Jessen y Mitchell fueron responsables, y se beneficiaron económicamente, de la tortura ilegal del tanzanio Suleiman Abdullah Salim, el libio Mohamed Ahmed Ben Soud y el afgano Gul Rahman.
Los dos primeros fueron liberados tras años de prisión, mientras que Rahman murió de hipotermia en una celda de una cárcel de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) en noviembre de 2002, después de lo que la ACLU denunció como dos semanas de «brutal tortura».
La ACLU y los abogados de los demandantes no han dado detalles de la solución negociada, y se negaron a revelar si incluye un acuerdo financiero.
El juicio iba a iniciarse el 5 de septiembre.
