Santo Domingo. Las 35 organizaciones que forman parte de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), denunciaron este miércoles que por las deficiencias de los hospitales y la negligencia del Gobierno, en el 2017 murieron 2, 835 niños y niñas y 188 mujeres embarazadas o recién paridas en las maternidades públicas dominicanas.

Explicaron que hubo un incremento de la mortalidad infantil de un 9%, y de la materna en un 11%, en tan solo un año, colocando a la República Dominicana en el segundo peor índice de salud materno-infantil de América Latina y el Caribe, hecho que calificaron de grave, doloroso e intolerable en una sociedad que se harta de resaltar que su economía crece a un ritmo del 5% anual.



“Datos del ministerio de Salud Pública consignan que en el año 2017 murieron 2,835 niños y niñas, 270 más que en el 2016 cuando se reportó el fallecimiento de 2,565 infantes, el 80% de ellos neonatos con menos de 28 días de nacidos. Cada mes perdieron la vida 236 niños, es decir 7.8 fallecimientos infantiles por día”, precisó la ADESA durante una rueda de prensa realizada en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia.

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Indica el reporte presentado en el diario digital Dominicanoshoy.com que en el año 2017 también aumentó la mortalidad materna en más de un 11% debido al agravamiento de de la crisis financiera y gerencial del sistema público de salud. En términos absolutos en el año pasado murieron 188 mujeres durante o inmediatamente posterior al parto. En el 2016 perecieron por la misma razón 168 mujeres.



Cifra del Ministerio de Salud cita entre los cinco primeros lugares de las causas directas de muertes maternas los trastornos hipertensivos del embarazo (39.34%), septicemia o infecciones (27.87%), shock hemorrágico (17.21%), y el aborto (3.28%), mientras que otros eventos de salud aportan al indicador, de manera combinada, un 12.30%.



Los expertos concuerdan en que esas emergencias se pueden resolver si se contara con una adecuada calidad de la atención y con los insumos necesarios.

Las causas estructurales de las muertes maternas e infantiles abarcan la desnutrición, la pobreza, la baja inversión del Estado en salud, el creciente deterioro en los servicios hospitalarios, la ausencia de Unidades de Atención Primaria (UNAP) en barrios y campos donde las embarazadas tengan acceso oportuno, la falta de equipos y otros insumos y la baja calidad de las atenciones medicas.

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Todo esto a consecuencia de un modelo de salud mercantil y privatizador en donde predominan la corrupción, el desorden, la politiquería y la sed de ganancia por encima del derecho a la salud.

Las organizaciones aseguraron que la salud de la niñez y de las embarazadas pobres se agravó por el descuido del Estado y por la crisis gerencial y financiera de los hospitales infantiles y las maternidades públicas, muchos de los cuales fueron sometidos de manera simultánea a remodelación de sus estructuras físicas sin la más elemental planificación y previsión.

Ahí están, como muestra, los ejemplos de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, en la capital, y el hospital infantil Arturo Grullón, en Santiago, lugares en los que más niños y mujeres murieron en el 2017.

En los hospitales materno-infantiles falta personal y equipos, medicamentos e insumos básicos como aparatos de oxigeno-terapia, cuñas y camillas, tomógrafos, hilos y salas de cuidados intensivos, situación que no debe continuar.

La ADESA anunció que el domingo realizará una marcha en la capital como parte de un plan de lucha que busca un cambio de rumbo en la política sanitaria del Gobierno. La marcha se iniciará a la 10:00 de la mañana en el parque Enriquillo y terminará en el Parque Independencia.

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Entre las organizaciones que hacen la convocatoria están, además de ADESA, el Centro Bono, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca), el Instituto Nacional de la Salud (Insalud), la Asociación Nacional de Servicios de Enfermería (Asonaen), el Movimiento Campesino Dominicano (MCD), la Articulación Nacional Campesina (ANC), el Centro para la Educación y el Desarrollo (Ceduca), y la Asociación Comunitaria para el Progreso (Acopro), entre otras.