Puerto Rico, devastado por huracanes y abrumado por una multimillonaria deuda interna, lanzó el miércoles una campaña en Estados Unidos para convertirse en el estado número 51 y poner fin a 120 años de «colonialismo».
Autoridades del archipiélago, un territorio estadounidense en el Caribe desde el fin de la guerra con España en 1898, exigen el reconocimiento de Washington como un estado más, con los mismos derechos y deberes del resto.
«Esto es lo correcto», dijo el gobernador Ricardo Roselló, tras presentar en el Capitolio a la delegación con la que Puerto Rico se propone conseguir la estadidad.
El pueblo puertorriqueño respaldó esta causa por abrumadora mayoría en un plebiscito en junio del año pasado. La iniciativa recogió 97% de las adhesiones, tras cosechar un 61% de apoyo en 2012.
«Es hora de poner fin a la ciudadanía de segunda clase y la estadidad es la única garantía de que eso suceda», enfatizó Roselló en rueda de prensa.
Los 3,4 millones de residentes en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses por nacimiento desde 1917, pero no pueden votar en elecciones congresionales o presidenciales.
En Estados Unidos viven unos cinco millones de puertorriqueños, que automáticamente adquieren esos derechos políticos al mudarse al continente.
– Un paso histórico –
El camino hacia la estadidad que adoptó Puerto Rico sigue el de Tenesí, que se convirtió en el estado número 16 en 1796, tras enviar una delegación congresional ante la indiferencia de Washington a sus planteos. Igual estrategia eligieron Michigan, Oregón, California, Iowa, Kansas y Alaska.
Para lograr su objetivo, es necesario que el Congreso estadounidense considere vinculante la decisión de los puertorriqueños sobre su destino.
«Esta delegación exigirá que Estados Unidos reconozca la voluntad del pueblo de Puerto Rico», señaló en el hemiciclo de la Cámara Jenniffer González-Colón, la única representante puertorriqueña en el Congreso estadounidense, que carece de voto.
La comisionada consideró «histórica» la presentación de la delegación congresional, conocida como «Comisión de la Igualdad», que incluye exgobernadores y exlegisladores de Puerto Rico republicanos y demócratas, y el independiente Iván «Pudge» Rodríguez, un exbeisbolista de las Grandes Ligas.
Puerto Rico, que se declaró en bancarrota en mayo del año pasado con una deuda de 73.000 millones de dólares, en medio de una recesión agravada en la última década por el fin de las exenciones fiscales que atrajeron a multinacionales, aún no se recupera totalmente del impacto de los huracanes Irma y María en septiembre pasado.
María, en particular, arrasó las islas: acabó con el sistema de energía eléctrica y telecomunicaciones, destruyó carreteras y puentes, y complicó el acceso a agua potable a la mayoría de la población. Según datos oficiales, 96% tiene actualmente agua potable y 81% tiene electricidad.
El gobierno de Donald Trump, aunque destinó fondos de emergencia y envió personal de apoyo, fue acusado de no asistir a Puerto Rico con la misma urgencia que lo hizo con Florida y Texas, dos estados fuertemente golpeados en la misma temporada de huracanes.
