La canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, confirmó hoy que su país concedió la naturalización al fundador de WiKiLeaks, el australiano Julian Assange, en diciembre pasado.

Así lo aseguró en una declaración a la prensa en la que confirmó que se le concedió la naturalización el 12 de diciembre pasado luego de que Assange la pidiera a la Cancillería el 16 se septiembre de 2017.

“Lo que hace naturalización es darle un anillo más de protección al asilado y no altera, de ningún modo, más bien fortalece su condición de persona internacionalmente protegida”, indicó la titular de la diplomacia ecuatoriana.

Añadió que cualquier movimiento del asilado fuera de la Embajada es un tema que “se debe acordar previamente con el Reino Unido”, algo que estaban analizando, dijo.

Y apuntó: “el mandato que tenemos y la obligación internacional y nacional es cuidar y proteger la integridad de Julian Assange y sus derechos humanos. Mientras esas condiciones no estén dadas, nosotros difícilmente podríamos pensar en una salida del asilado de las oficinas de la Embajada de Ecuador en Londres”.

La titular de la diplomacia ecuatoriana señaló que el problema de Assange “no es el tema de enfrentar a la justicia británica. Son temores fundados que tenemos sobre posibles riesgos a la vida y a la integridad del ciudadano Assange, no necesariamente del Reino Unido, sino por parte, posiblemente, de terceros Estados”, dijo.

El viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome, comentó que Assange tiene ahora “los derechos que tienen los ecuatorianos en el exterior e igualdad de los extranjeros en el país” indica el Listin Diario

Espinosa indicó que la decisión de otorgar la naturalización a Assange se fundamentó en artículos de la Constitución, de la Ley orgánica de movilidad humana, en apartes de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de refugiados y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En virtud de esas normas, el Gobierno ecuatoriano, está facultado para conceder la nacionalidad a la persona protegida y así facilitar “su inclusión al Estado que lo acoge”, puntualizó.

Confirmó que el pasado 20 de diciembre, la Cancillería pidió al Ministerio de Exteriores británico, que considere acreditar a Assange “como agente diplomático en la misión de Ecuador en el Reino Unido”.

“Esta petición fue negada el 21 de diciembre. En atención a las buenas relaciones que mantenemos con el Reino Unido, declinamos esa opción”, dijo al añadir que actualmente Ecuador explora otras vías de solución “en diálogo con el Reino Unido”.

Recordó que exploran una mediación y buenos oficios de autoridades de renombre de otros Estados u organismos internacionales que pudieran facilitar una solución “justa, definitiva y digna para todas las partes involucradas en el marco del derecho internacional”.

Espinosa añadió que continuarán buscando alternativas para resolver el caso que heredaron del Gobierno anterior, liderado por Rafael Correa, y apuntó que la administración del actual jefe de Estado, Lenín Moreno, “continuará adoptando las medidas que considera más eficaces y oportunas contando, como siempre, con la cooperación de los Estados interesados”.

El periodista, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio de 2012, y a quien Ecuador le otorgó en agosto de ese año el asilo, era requerido desde 2010 por las autoridades suecas en relación con las acusaciones, que él niega, de dos mujeres por supuesto abuso sexual, pero finalmente Suecia archivó la causa el pasado mayo al no poder avanzar en la investigación.

No obstante, Assange cree que si abandona la embajada podría ser detenido por las autoridades británicas y deportado a Estados Unidos, donde teme ser juzgado por la divulgación que hizo WikiLeaks de información confidencial del Gobierno estadounidense.

La canciller expresó su esperanza de que se le permita a la Cancillería manejar el caso “tan delicado” de Assange “con la mayor prudencia y discreción”.

Indicó que están a la espera de una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), a la que pidieron una “opinión consultiva” sobre la figura del asilo.