Julio César Medina Navas fue condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de medio millón de pesos

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a dos años de prisión y al pago de una multa de 500 mil pesos a un hombre de nacionalidad venezolana hallado culpable de clonar tarjetas de crédito, hecho a través del cual obtuvo RD$2.6 millones de pesos.

El condenado es Julio César Medina Navas, quien fue acusado por la Fiscalía del Distrito Nacional informó elCaribe.

“Entre los meses de enero a junio del año 2017, Medina Navas realizó retiros y consumos fraudulentos, ascendentes a la suma de 2 millones 600 mil pesos, en perjuicio de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), entidad que recibió múltiples reclamaciones de sus clientes informando no reconocer las referidas transacciones”, informó la Fiscalía en una nota de prensa.

Dijo que mediante las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, conjuntamente con el departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DICAT) y el departamento de Prevención de APAP, se determinó que fue el condenado quien efectuaba los retiros de los diversos cajeros automáticos, siendo captado por las cámaras de seguridad.

“En el allanamiento llevado a cabo en la residencia de Medina Navas, localizada en la Torre 2 de Malecón Center, en la avenida George Washington, se ocuparon 18 tarjetas de crédito de diferentes entidades bancarias, nueve de ellas clonadas, tres pasaportes, una carnetizadora, un verifone, dinero en efectivo, una computadora portátil, entre otras pertenencias”, agregó.

“Reiteramos el compromiso de la Fiscalía de sancionar ejemplarmente a todo aquel que sea responsable de cometer este tipo de delitos que afecta gravemente a todo el sistema financiero nacional¨, enfatizó el fiscal investigador y director del Departamento de Propiedad Intelectual e Investigaciones de Crímenes y Delitos Electrónicos, Pedro Amador Espinosa”, añadió el documento.

Las juezas Gisselle Soto, Altagracia Ramírez y Clara Castillo, acogieron las pruebas presentadas en audiencia por el Ministerio Público, que estuvo representado por las procuradoras fiscales litigantes Rosa Alba García y María Silvestre, y enviaron al condenado a cumplir la sentencia en la Penitenciaría Nacional La Victoria.