SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tiara Elena Ventura, de 25 años, convenció a más de una docena de personas de formar parte de un “negocio de inversión” a través del cual ganaría importantes montos de dinero, si sospechar que pasarían a ser parte de las alarmantes cifras de personas estafadas por el negocio informal del dinero.

El “negocio” que un inicio marchaba bien, según las decenas de afectados, consistía en invertir dinero para recibir un veinte por ciento (20%) en intereses durante seis meses, y al paso de ese tiempo recibir de vuelta el capital invertido.



La mayoría de los afectados entró en el negocio en el año 2016, pero  entrado el 2018 Tiara Ventura empezó a retrasarse en los pagos y las excusas no se hicieron esperar según indica la publicación de Acento.com.

Los “clientes” de tan jugoso negocio, serían los empleados del Centro Médico Alcántara y González, en el cual trabajaba Tiara Ventura, a los cuales se les descontarían los pagos directamente de nómina, lo que representaba “pago seguros”.



Como aval del negocio Tiara Ventura presentaba a sus posibles inversionistas una carta constancia de que laboraba en el centro y un acuerdo de inversión con el supuesto sello del centro médico y la firma de uno de sus ejecutivos.

Además aseguraba tener un acuerdo con dicho centro médico por cinco años para llevar a cabo los préstamos con el aval de la nómina.

Sin embargo, el Centro Médico Alcántara y González, publicó un comunicado, con fecha  15  de junio de 2018, en el que advirtió  que “personas inescrupulosas se han dado la tarea de propagar informaciones falsas en el sentido de que este centro médico está solicitando préstamos o sirve de garante a préstamos utilizando documentos, sellos y firmas de los administradores del centro falsificadas, incluyendo también transferencias bancarias a cuentas que no pertenecen a nuestra institución”.

En el comunicado, el centro médico desautoriza a cualquier persona fuera de sus representantes legales a suscribir cualquier tipo de acuerdo, negocio o transacción.

Pese a esto, Tiara Elena Ventura, de acuerdo a varias querellas que reposan en el Palacio de Justicia, utilizó al Centro Medico como aval para el negocio que ha resultado en más de una decena de personas estafadas.

Uno de los querellantes es el abogado Bladimir Rodríguez Peña quien luego de varios meses de conversaciones, acuerdos de pago, plazos y promesas sin resultados, decidió someterla a la justicia.

Rodríguez, con decenas de pruebas interpuso su querella contra Tiara Elena Ventura acusada de falsedad de escritura y estafa en violación a varios artículos de los Códigos Civil y Penal dominicanos.

Entre las pruebas, presentó una declaración jurada de inversiones notariada, de fecha 23 de enero del 2018, en la que se establecen los montos invertidos y las condiciones de pago.

A la fecha, según la querella, Tiara Ventura le adeuda a Bladimir Rodríguez la suma de un millón 775 mil pesos, por lo que está siendo demandada al pago de ese monto y unos tres millones más como justa indemnización por los daños sufridos y ocasionados por el ilícito penal.

Otra de las querellas interpuesta contra Tiara corresponde a las víctimas Jeifry Estevez, Ámbar Ramos, y Michael Cabreja, a quienes habría estafado por un millón 260 mil 500 pesos.

Estos tres demandantes incluyeron en la querella al esposo de Tiara, Miguel Ángel Brito Peralta a quien también acusan de estafa, falsificación de documentos y asociación de malhechores.

En mayo del 2018 otra querella, esta vez por un monto mucho mayor, fue depositada contra la acusada.

La señora Juana Belnilda Frías depositó pruebas que demostrarían que entre 2016 y 2018 depositó de manera voluntaria a la cuenta bancaria de  Tiara Ventura la suma de diez millones 216 mil pesos, en 63 partidas.

Ventura habría elaborado en favor de Frías 244 contratos de “conciliación de deudas” entre los empleados y donde supuestamente la clínica se comprometía a descontar de nómina los pagos.

Sin embargo, según denunciaron, se valía de firmas y sellos falsos para elaborar dichos contratos.

Según la querella de Juana Belnilda Frías, depositada el 29 de mayo del 2018, el 7 de mayo del 2018 se produjo una reunión entre los propietarios del centro médico Manuel Alcántara Méndez y Patricia Tezanos de Alcántara, con varias víctimas de esta presunta estafa, en la que estos se desligaron de la acusada.

Según los resultados de esa reunión, los ejecutivos afirmaron no tener ningún vínculo con Tiara Ventura, al tiempo que afirmaron que dichas transacciones monetarias no se ejecutaban a través de ninguna cuenta bancaria a nombre del centro.

Afirmaron además que Ventura tenía más de 8 meses que no laboraba en la empresa y que esta había falsificado los sellos de la clínica.

Otras querellas son las interpuestas por Pedro Manuel Burgos Peralta por unos 20 millones de pesos, Ricardo Alcántara Méndez y Lucy Estefany Melo Martínez ambos por  RD$3, 600,000.00.

Hasta el momento, la acusada no se ha presentado a las citaciones que le ha hecho la fiscalía, en algunas ocasiones enviado como excusa una licencia médica con diagnóstico de cefalea migrañosa.

Los afectados presentaron en sus querellas varias pruebas que demuestran las negociaciones que llevaban a cabo con la acusada, incluyendo audios a viva voz donde explicaba cómo funcionaba el negocio y sus jugosos beneficios.

Además de contar con una acta de defunción de fecha del 2014 del notario que figura como firmante en documentos desde el 2016 al 2018, lo que claramente indica que utilizaba el sello y la firma de un notario que había fallecido.

Los afectados tampoco han podido comunicarse con la acusada, quien luego de incumplir todos los acuerdos de pago, dejó de contestar las llamadas y cambió de número telefónico.

Sin embargo, según denuncias, la acusada continúa con la práctica involucrando a nuevas víctimas en el círculo de estafa que hasta el momento no ha tenido consecuencias en su contra.

Recientemente, el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez denunció que desde el 2016 unas 1,947 personas han resultado estafadas por más de RD$3,100 millones de pesos, por empresas y personas que no responden a los criterios establecidos por los bancos múltiples, de ahorros y créditos, asociaciones de ahorros y cooperativas que sí reportan a los estatutos pautados por Junta Monetaria  y la Superintendencia de Bancos.