Caracas, Venezuela. Más de 600 arrestos han sido ordenados en los últimos ocho meses en Venezuela por «especulación» en el mercado cambiario, informó este jueves el fiscal general, Tarek William Saab.

Pese a la derogación en agosto pasado de una ley que castigaba hasta con 15 años de cárcel a quienes negociaran divisas fuera de un férreo control de cambio, Saab anunció que la Fiscalía emitió 70 nuevas órdenes de aprehensión por «remesas ilegales».

Estas medidas elevaron a 621 las órdenes de captura desde finales de marzo, añadió.

El fiscal, de línea oficialista, precisó que 255 personas han sido presentadas ante los tribunales y que más de 3.000 cuentas bancarias fueron bloqueadas.

Desde su entrada en vigencia en 2003, el control cambiario dio al gobierno socialista el monopolio de las divisas, en paralelo a lo cual surgió un mercado negro con cotizaciones que llegaron a multiplicar por 30 las tasas oficiales. Hoy, las cuadruplican.

Las 70 personas acusadas este jueves por delitos como lavado de dinero fueron vinculadas por Saab con casas de cambio «ilegales» en una docena de países, la mayoría en Colombia y Estados Unidos, «dedicadas a atacar» la moneda local: el bolívar.

Al poner en marcha un reformado sistema cambiario que devaluó la moneda en 96%, en un plan lanzado en agosto ante la grave crisis económica, el vicepresidente Tareck El Aissami dijo que la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios autorizaba a privados a negociar «libremente» divisas tras 15 años de prohibición.

Pero las acciones contra el mercado negro continúan.

Según el fiscal, por las transacciones ilegales dejan de «ingresar a la economía formal» entre 150 y 200 millones de dólares mensuales.

La ONU estima que 2,3 millones de venezolanos han emigrado desde 2015 huyendo de la crisis.

Más de 1.000 millones de dólares fueron enviados por esos migrantes en el primer semestre de 2018, la gran mayoría por canales informales, asegura la firma privada Ecoanalítica.

Economistas consideran que el gobierno busca captar esas divisas ante el desplome de la producción petrolera de 3,2 millones a 1,4 millones de barriles diarios en una década, y las restricciones de financiamiento por sanciones financieras de Estados Unidos.