La Justicia de Brasil abrió proceso penal contra los exgobernantes izquierdistas Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, algunos exministros y la actual presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), por supuestamente recibir sobornos de la estatal Petrobras.

La decisión de un tribunal del Distrito Federal fue confirmada luego por el PT, que en un comunicado consideró el hecho como una «escandalosa maniobra» contra sus miembros «que no se sustenta en hechos ni pruebas» y que busca acabar con el partido.



Rousseff, Lula, la máxima dirigente del PT Gleisi Hoffmann, los exministros de Hacienda Guido Mantega y Antonio Palocci y el exministro de Planificación Paulo Bernardo, entre otros, fueron acusados el año pasado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) por el entonces Fiscal General Rodrigo Janot.



Según Janot, durante sus gobiernos (2003-2016) formaron una organización criminal que habría recibido 1.480 millones de reales (USD 390 millones al tipo de cambio actual) de sobornos en dinero desviado del Estado.

Más de un año después, la denuncia fue aceptada por un tribunal, que pidió a los procesados presentar su defensa en un plazo de 15 días. Solo Hoffmann -diputada- y su esposo, Paulo Bernardo, ministro hasta 2015, cuentan con un foro privilegiado y únicamente pueden ser juzgados por el STF.

Delirio acusatorio

La acusación fiscal coloca a Lula como líder de la organización y sostiene que se cometieron crímenes de corrupción y lavado de dinero relacionados con el ministerio de Energía, Petrobras y las constructoras Odebrecht o Andrade Gutierrez, envueltas en el escándalo Lava Jato de pago de sobornos a cambio de obras públicas que estremece a América Latina.

En un comunicado, el PT asegura que las denuncias son un «delirio acusatorio» y recuerda que el partido ha sido envuelto recientemente, sin pruebas, en dos nuevas operaciones del caso Lava Jato. La semana pasada, un juez decidió procesar también al excandidato Fernando Haddad por supuesta corrupción durante su gestión como alcalde de Sao Paulo.

En lo que respecta a Rousseff, se trata del primer proceso penal en su contra, ya que su destitución de la presidencia tuvo que ver con problemas de manejo fiscal.

Lula, en cambio, cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel como beneficiario de un apartamento en el balneario paulista de Guaruja, a cambio de su mediación en contratos de Petrobras.

Y también está juzgado, con los mismos cargos, por supuestamente haber facilitado a las constructoras OAS y Odebrecht contratos con la estatal Petrobras a cambio de obras en una hacienda en Atibaia, en el interior de Sao Paulo, que él niega sea de su propiedad. Palocci y Vaccari también están presos por el caso Lava Jato.

Lula tiene por lo menos otros tres procesos abiertos ante la justicia, en los que se declara inocente y denuncia una persecución judicial.

Según el PT, las acciones contra Lula han sido mantenidas por la jueza Gabriela Hart, sucesora de Sergio Moro, quien lideró las acciones por Lava Jato y que dispuso la prisión del expresidente. Desde el primero de enero Moro será el ministro de Justicia del derechista Jair Bolsonaro.