La Corte Suprema de Estados Unidos decidió sobre el tema del aborto el martes, validando parte de una ley del estado de Indiana que exige que los restos de fetos abortados sean cremados o enterrados, pero no se pronunció sobre la legalidad de la interrupción del embarazo.

La decisión del máximo tribunal de no abordar la legalidad del aborto significa que el polémico tema permanecerá por momento fuera de su agenda.

Los dos casos de Indiana han sido seguidos de cerca como un indicador de cómo la Corte Suprema, que ahora tiene una mayoría conservadora, puede decidir sobre este tema que divide al país.

Ambos tocan diferentes partes de una ley firmada por el entonces gobernador de Indiana, Mike Pence, ahora vicepresidente de Estados Unidos, conocido por reivindicar su fe católica.

En el primer caso, la Corte Suprema confirmó la obligación de que los restos fetales se eliminen de la misma manera que «los restos humanos» y no como «desechos médicos».

En una decisión de 7-2, el tribunal dijo que la cláusula no impone «una carga perjudicial sobre el derecho de una mujer a acceder a un aborto».

La otra sección de la ley restringiría que una mujer aborte basándose en el género, la raza o la discapacidad del feto. Un tribunal de apelaciones anuló la ley, y la Corte Suprema dijo que esperará a que otros tribunales decidan sobre la cuestión antes de evaluarla.

«Seguimos nuestra práctica habitual de rechazar peticiones en la medida en que plantean cuestiones legales que no han sido consideradas por más tribunales de apelaciones», dijo.

Varios parlamentos estatales liderados por los republicanos han aprobado proyectos de ley que restringen el acceso al aborto, en un intento de forzar su revisión por parte de la Corte Suprema y, eventualmente, revertir la decisión de 1973 que legalizó el aborto en todo el país.

El estado sureño de Alabama aprobó este mes un proyecto de ley que equivale a una prohibición casi total de interrumpir voluntariamente un embarazo, incluso en casos de violación e incesto.

La ley equipara aborto con homicidio y puede llevar a los médicos a prisión de 10 a 99 años; además los abortos solo son legales si la vida de la madre está en peligro o si el feto tiene una condición fatal.

Desde que asumió el cargo, el presidente Donald Trump ha nombrado a dos jueces conservadores para el máximo tribunal, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, y los miembros liberales de la corte ahora son superados en número.

El presidente de la corte conservadora, John Roberts, es visto como el posible voto decisivo si la constitucionalidad del aborto se llega a presentar ante el tribunal.