La organización de la sociedad civil Participación Ciudadana (PC) expresó su profunda preocupación ante la reciente firma de un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) entre el gobierno de la República Dominicana y los Estados Unidos. El acuerdo autoriza el «ingreso temporal y excepcional» al territorio nacional de ciudadanos extranjeros deportados desde EE.UU. que se encuentren en tránsito hacia sus países de origen.
Según la entidad, este convenio se ha manejado con total opacidad y plantea serios riesgos logísticos, jurídicos y de seguridad nacional que el gobierno aún no ha aclarado.
Exigen la publicación inmediata del acuerdo
Para Participación Ciudadana, la falta de transparencia activa ha sido el primer gran error en el manejo de este delicado asunto. La organización reclama que, al tratarse de un tema de soberanía y migración, el texto completo del MOU debió ponerse a disposición de la ciudadanía de inmediato para evitar especulaciones.
«Todavía es una deuda pendiente dicha publicación, que reclamamos por este medio», sentenció la institución, recordando además que las experiencias de naciones como Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador con acuerdos similares no han sido buenas y deberían llamar a la reflexión.
Los vacíos legales: El riesgo del Hábeas Corpus
Uno de los puntos más alarmantes señalados por los juristas de la organización es el estatus legal en el que quedarían los extranjeros a su llegada. Al ingresar a la República Dominicana con el consentimiento de las autoridades locales, estas personas no estarían cometiendo ninguna infracción a las leyes migratorias nacionales.
En consecuencia, si el Estado dominicano intenta retenerlos o restringir su libre tránsito, los afectados podrían interponer recursos de hábeas corpus para exigir su inmediata libertad en suelo dominicano, lo que crearía un limbo jurídico de difícil solución.
Interrogantes sin respuesta por parte del Gobierno:
- Seguridad: ¿Cómo se conocerán los antecedentes penales de estas personas para determinar su grado de peligrosidad?
- Logística: ¿En qué infraestructura o centros serán retenidos durante su tránsito?
- Barreras idiomáticas: ¿Qué ocurrirá si los deportados hablan lenguas que impidan garantizarles el derecho constitucional a un intérprete judicial?
- Derechos Humanos: ¿Qué protocolo se aplicará si un extranjero no puede ser devuelto a su país de origen porque su vida corre peligro o tiene impedimento de entrada allí?
La «trampa» del acuerdo no vinculante
El comunicado explica que, técnicamente, un MOU es un precontrato que no genera obligaciones definitivas. Sin embargo, Participación Ciudadana advierte que esa naturaleza no vinculante desaparecerá tan pronto como el primer grupo de deportados pise la República Dominicana. En ese instante, el país asumirá responsabilidades internacionales y humanitarias que no podrá evadir, operando en la práctica como un acuerdo final y obligatorio.
Un contexto geopolítico peligroso
Finalmente, la entidad defensora de los derechos civiles vinculó esta firma con otras acciones recientes de la política exterior dominicana que, a su juicio, exponen innecesariamente al país:
- Uso de bases aéreas: La renovación de los permisos para que Estados Unidos utilice bases aéreas dominicanas sin que se conozcan a cabalidad los fines perseguidos.
- Alertas terroristas: La declaración por parte del gobierno dominicano de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, lo que, según PC, «aumenta el riesgo de que pudiera existir represalias contra nuestro país por una guerra que no iniciamos».
Ante el complejo panorama, Participación Ciudadana hizo un llamado enérgico al Poder Ejecutivo para dejar sin efecto el memorando mientras se esté a tiempo, instando a limitar la agenda bilateral con los Estados Unidos estrictamente a los temas migratorios que incumben de forma directa a la República Dominicana.
