Santo Domingo. En un hecho sin precedentes que pone de relieve la profunda crisis que atraviesa el sistema judicial dominicano, jueces, juezas y servidores judiciales de todo el país iniciaron este jueves un paro nacional de labores. La paralización, convocada en reclamo de mejoras salariales, la contratación de más personal y condiciones de trabajo dignas, ha dejado en evidencia el malestar acumulado frente a lo que califican como una gestión que dilapida recursos en gastos «superfluos» mientras los tribunales se caen a pedazos.
Durante la lectura de un contundente manifiesto, la jueza Suinda Brito, actuando como vocera, afirmó que la paralización se realiza de manera pacífica y en defensa de los derechos y garantías constitucionales de quienes integran el sistema de justicia.
«La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual», expresó la magistrada Brito, enfatizando que el servicio judicial requiere condiciones «materiales, humanas, salariales e institucionales» adecuadas para operar con eficiencia y dignidad.
Un sistema colapsado por la precariedad
Entre las problemáticas más graves denunciadas por los manifestantes figuran la alarmante falta de jueces y personal administrativo, salarios que consideran deprimidos frente a la responsabilidad de sus funciones, un exceso de carga laboral asfixiante, renuncias masivas de personal calificado, el avanzado deterioro físico de los tribunales y la alarmante falta de seguridad en los palacios de justicia.
El manifiesto detalla que, ante la escasez de personal, muchos empleados judiciales se ven obligados a realizar funciones equivalentes al trabajo de «dos, tres o cuatro servidores». De igual forma, los jueces asumen cargas de casos que deberían ser distribuidas entre varios magistrados, comprometiendo la celeridad y calidad de la justicia.
«Hay empleados realizando el trabajo de tres y cuatro personas, mientras jueces asumen cargas que deberían ser de varios magistrados», denunciaron los servidores judiciales.
Indignación por la «desigualdad» y los gastos en «influencers»
Uno de los puntos más críticos del reclamo es la desigualdad salarial percibida dentro del Poder Judicial. Los manifestantes señalaron, con indignación, que algunos funcionarios administrativos perciben salarios superiores a los de jueces y juezas, quienes cargan con la responsabilidad directa de administrar justicia.
La denuncia se torna más severa al cuestionar la asignación de recursos. «Los gastos relativos a viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers ascienden a cientos de millones de pesos», afirma el manifiesto, calificando estas partidas como un derroche frente a las carencias operativas del sistema.
El señalamiento más fuerte: «Es inaceptable que se destinen recursos a cuestiones superfluas, citando como ejemplo un arbolito que costó 11 millones de pesos, mientras los tribunales carecen de lo básico».
Propuesta del Consejo: «Imprecisa, ineficaz y condicionada»
Los manifestantes rechazaron además la «industrialización de la justicia», la paralización de la carrera judicial y administrativa, así como el «silencio y desdén institucional» que han recibido por años. Aseguraron que antes de llegar al paro, agotaron múltiples vías de diálogo, incluyendo solicitudes formales, llamados públicos y acciones judiciales, pero que la respuesta siempre fue el «silencio, indiferencia, irrespeto y hasta desprecio».
Respecto a la propuesta presentada recientemente por el Consejo del Poder Judicial, los servidores judiciales la calificaron de «imprecisa, condicionada e ineficaz». Explicaron que la propuesta de indexación salarial no es concreta, ya que depende de un presupuesto complementario sujeto a la aprobación del Ministerio de Hacienda y sin una fecha definida de ejecución.
En cuanto a la movilidad judicial, sostuvieron que solo se presentó «una indefinida hoja de ruta», sin medidas concretas que garanticen una distribución equitativa de la carga laboral o ascensos basados en el mérito.
El paro nacional se mantiene con firmeza, y los jueces y empleados judiciales concluyeron su manifiesto con una advertencia clara a las autoridades: «De no ser escuchados, no se quedarán tranquilos». El sistema de justicia dominicano vive horas decisivas.
