Mirando el panorama actual en el que otra vida valiosa de una mujer se perdió producto de un mal manejo de la justicia, nos preguntamos y seguiremos preguntando por qué tenemos un sistema que constantemente persigue favorecer a la impunidad.

La pregunta viene al caso por las nuevas revelaciones sobre el acuerdo abreviado firmado por el ministerio público de San Pedro de Macorís, que redujo la prisión por intento de homicidio a Yasmil Oscar Fernández y a breve tiempo salió libre, listo para poco después consumar el asesinato de su exesposa, Anibel González, las cuales abren las puertas a más dudas y complicaciones alrededor de este caso, al revelarse ahora que la fiscal que tenía a cargo el proceso, Luz Aurora Almonte, había notificado la situación al procurador Jean Alain Rodríguez y a los titulares de otros entes vinculados.

En esta situación lo correcto sería que todos los implicados pasen a cumplir la pena del hombre al que dejaron libre para que consumara el hecho, un intento de homicidio que bien puede pagarse con la sentencia de 20 años en prisión a cada uno de los irresponsables, comenzando por el Procurador si es que se determina que no puso la debida atención.

Además del Procurador, Almonte hizo extensiva esta notificación, hace seis meses, a la coordinadora de la Dirección de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, y al inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez. ¿Pero cuál de ellos se hará responsable? Desde este instante todos comenzarán a pasar la pelota caliente y a utilizar argumentos vanos para no afrontar la realidad.

Indica el periódico Listín Diario que en febrero de 2019, la fiscal Margarita Hernández, aun cuando la fiscal a cargo del caso se pronunció en contra del acuerdo de reducción de la pena de Yasmil Oscar Fernández, el ministerio público no tipificó el caso como intento de asesinato, desde ese mismo instante comenzó la complicidad entre las partes.

Al surgir el problema, Aurora Almonte, según consta en la sentencia, se retiró de audiencia tras decir al tribunal que fue “sorprendida en su buena fe” con un acuerdo que no conocía. Ante esta situación, y tras reanudada la audiencia, la fiscal Margarita Hernández asumió el proceso.

Diario Libre publicó un documento en el que consta un informe de Almonte a sus superiores, que poco después fue trasladada del Departamento de Género tras oponerse al arreglo.

Ayer, los fiscales titulares de San Pedro de Macorís y de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, fueron suspendidos hasta tanto concluyan las investigaciones sobre el acuerdo hecho por el ministerio público de San Pedro de Macorís con Yasmil Oscar Fernández. ¿Pero esto resuelve la situación en la que Anibel González perdió su vida? ¿Y ya? Todo para mañana volver al mismo ciclo donde solo cambia el nombre de la víctima? ¿Para que gastan altas sumas de dinero promoviendo una lucha contra la violencia hacia la mujer, si cuando ellas necesitan protección la justicia se toma de la mano con sus agresores?

¿ Todo se queda así? ¿ y Ya? señor procurador!