La directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del. Consumidor (Pro Consumidor), Anina del Castillo, informó que fue sometida a la justicia una persona que estaba vendiendo unos kits de origen desconocido para hacer la prueba del COVID-19.
Del Castillo indicó que la persona fue sometida penalmente porque esto afecta gravemente la salud de los demás y puede implicar prisión.
“Esto es en serio. No podemos dejar que se juegue con una prueba para COVID-19. Hay gente que la va a comprar, pero si esa prueba no sirve…Dizque que es un kit que tú conseguiste, que te lo mandó un amigo de Colombia o de donde sea. En esos casos hay que someterlos penalmente”, enfatizó Del Castillo este martes durante su participación en un programa matutino.
Indicó que también fue sometida por vender unos guantes sin calidad y bastante inseguros.
Alteración de precios
Sobre las seis empresas contra las que se inició un proceso sancionatorio por incurrir en especulación de precios de mascarillas e insumos médicos, Del Castillo dijo que estas habían adulterado el costo de estos productos entre un 40% y 50%, por lo que la alteración era muy evidente.
Agregó que entre las otras que están en investigación también han alterado el precio de mascarillas y en algunos casos de alimentos.
