El Secretario Nacional de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno-PRM-, Miguel Ceara Hatton, se mostró contrario a la propuesta para que sea desembolsado el 30% de los ahorros que manejan las Administradoras de los Fondos de Pensiones, ya que entiende que la crisis económica generada por el COVID-19 debe ser financiada por el Estado dominicano, para que esta no lesione el retiro de los trabajadores en el futuro.
Miguel Ceara fue enfático al señalar que sólo en última instancia estos fondos debían ser tocados por el trabajador, refiriéndose a la posibilidad de que la situación creada por la pérdida de los empleos que ha provocado la pandemia del nuevo coronavirus se incremente y esto genere un mayor desabastecimiento en los hogares dominicanos.
El reconocido economista sostuvo que la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social-SDSS-debe modificarse para elevar el porcentaje de la reposición, la cual está establecida solo en el 23% del total ahorrado por el cotizante y para adecuar la relación de los montos de la pensión con la proyección de la esperanza de vida del trabajador, ya que según sostuvo, este cálculo se hizo en base a una edad promedio de entre 110 y 120 años de vida, lo que para cualquier país del mundo es irreal.
“Pedirle a la población que se endeude para vivir, existiendo esos recursos, no creo que sea justo tampoco, ese podría ser un recurso de muy última instancia; en caso de que esta situación se prolongue o se cree un desbarajuste en la economía y en la sociedad dominicana. Nosotros pensamos que esos recursos no todo debería usarse, porque al final esa acción perjudicaría a los propios trabajadores”, indicó Ceara Hatton al participar en el programa Consensuando, el cual es conducido por Gustavo Sánchez y Víctor D’ Aza.
Sin embargo, el alto dirigente perremeísta criticó el préstamo de los 40 mil millones de pesos desembolsados por las AFP’s al gobierno dominicano, calificando dicha operación de “carente de transparencia”.
Miguel Ceara Hatton favoreció además, que la anhelada modificación debe hacerse en el mes de septiembre, fecha establecida por los legisladores para revisar dicha reglamentación, luego que el tema del COVID-19 esté controlado y hayan pasado las elecciones congresuales y presidenciales, “para que el consenso que evacúe la nueva ley no esté permeado por las actuales presiones que tenemos en el ambiente político, económico y social”.
“Una de las características de la economía dominicana en particular es que hay un deterioro relativo de los indicadores de salud y educación en el largo plazo, a pesar de haber crecido un 5, un 6 o un 7%, la posición que tiene la República Dominicana a nivel mundial en los IDH se deteriora”, dijo.
