El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se salvó este viernes de ser destituido por el Congreso, al cierre de un juicio político que mantenía al país en vilo en medio de la pandemia del coronavirus y la recesión económica.
Tras un debate parlamentario de 10 horas, en el que mandatario presentó sus descargos al inicio, apenas 32 legisladores votaron a favor de la destitución, 78 en contra y 15 se abstuvieron.
Los adversarios de Vizcarra necesitaban 87 votos para cesarlo 10 meses antes de que culminara su mandato, el 28 de julio de 2021.
«No ha sido aprobado el pedido de vacancia, en consecuencia pasa al archivo», declaró el jefe del Congreso, el opositor Manuel Merino, quien habría asumido el poder si hubiese prosperado el juicio contra Vizcarra, que él promovió.
El resultado de la votación no fue tan sorpresivo, porque los medios peruanos habían anticipado que los opositores radicales no contaban con los votos necesarios para echar del poder al popular gobernante, quien carece de partido y de bancada legislativa.
«Quiero, agradecer a todos los señores congresistas, porque han sobrepuesto su espíritu democrático y han apostado por la estabilidad y el pueblo», declaró el jefe del gabinete ministerial, Walter Martos, a la radio RPP.
«Los grandes desafíos del Perú nos exigen actuar con sensatez y responsabilidad. Sigamos trabajando todos unidos por lo que realmente importa a los peruanos», tuiteó Vizcarra, en su primera reacción a la decisión del Congreso.
Mencionó entre estos temas «la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, el fortalecimiento de la democracia, el combate a la corrupción».
Vizcarra acudió al Congreso -aunque no estaba obligado por ley- junto a su abogado, Roberto Pereira, para presentar sus descargos.
«No me corro, no lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora», dijo ante el plenario Vizcarra, un ingeniero provinciano de 57 años, sin lazos con la élite política y económica limeña.
Luego se marchó a una gira de trabajo a la ciudad norteña de Trujillo y dejó a su abogado hacer su alegato en una sesión plenaria seguida por la mayoría de los parlamentarios por videoconferencia debido a la pandemia.
«Es evidente que esta moción adolece de una mínima elemental tipificación de los hechos», sostuvo Pereira en su alegato.
Sin embargo, la legisladora conservadora María Teresa Céspedes dijo que apoyaba la destitución porque «el presidente ha mentido a la población».
Durante el debate previo a la votación, más de 70 congresistas hablaron en contra y a favor de la destitución.
De haber sido cesado, habría tenido un destino parecido al de su predecesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien no pudo culminar su periodo al verse forzado a dimitir por presiones del Parlamento. Vizcarra, quien era su vicepresidente, le sustituyó en marzo de 2018.
El actual mandatario fue acusado de instar a dos asesoras a mentir en una investigación sobre los contratos de un cantante, según unos audios filtrados la semana pasada. Esto llevó al Congreso a abrirle un juicio de destitución.
– En ocho días –
Mientras el proceso que condujo a la destitución de la mandataria brasileña Dilma Rousseff en 2016 demoró ocho meses, en Perú la causa contra Vizcarra tomó apenas ocho días.
«La rapidez con la que se ha hecho este proceso refleja una crisis de las instituciones, que desprestigia más ante la gente el sistema democrático», dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez Rodrich.
El Tribunal Constitucional había rechazado el jueves paralizar el juicio, pero accedió a clarificar -en unas diez semanas- los requisitos para que el Congreso declare la «incapacidad moral» de un presidente, pues la carta magna no los precisa.
El Congreso había decidido hace una semana sentar en el banquillo a Vizcarra por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, al día siguiente de que se difundieran los audios.
En esta pugna no había diferencias ideológicas, ya que tanto el mandatario como la mayoría de bancadas son de centroderecha, y tampoco estaba en discusión el manejo de los grandes problemas de Perú: la pandemia y la recesión.
Todo parecía ser una mera lucha por el poder en la que el contrato del cantante es un pretexto, según analistas y ciudadanos de a pie.
«El grueso de la población básicamente quisiera pasar la página de este incidente», declaró a la AFP el analista político José Carlos Requena.
A pesar de los comprometedores audios, ocho de cada diez peruanos quería que Vizcarra continuara y, aunque el 41% consideró «incorrecta» su conducta, no estimó que fuera «grave», según una encuesta de la firma Ipsos.
«Acá no gana nadie, pierde el Ejecutivo y el Congreso, porque la gente percibe que hay dos poderes del Estado en una pugna política mientras hay una pandemia matando peruanos y un desempleo espantoso, que recién se recuperará en cinco años», expresó Álvarez Rodrich.
Fuente AFP
