Hermanas Mirabal, RD.- El Ministerio Público logró, a través de la Fiscalía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes de esta jurisdicción, la imposición de medidas cautelares contra una menor de edad a la que le atribuye autosecuestrarse con la finalidad de pedir dinero en efectivo por su rescate, en un hecho ocurrido en Los Limones, Villa Tapia.
El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dispuso que la menor de 16 años de edad, cuyo nombre se omite por razones legales, firme un libro récord por ante la Unidad de Niños, Niñas y Adolescentes de esta demarcación los días 15 y 30 por espacio de 2 meses.
También, la prohibición de salida del país sin autorización judicial; la obligación de mantenerse alejada de los implicados en el caso y permanecer bajo custodia y seguimiento de sus padres.
La institución de justicia recordó que el pasado 24 de septiembre en horas de la mañana la adolescente fue encontrada en las inmediaciones de Cutupú, La Vega, cuando hizo contacto con los familiares indicando que se encontraba sana y salva.
Según consta en la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público, representado por fiscales de NNA, el hecho aconteció pasadas las 5:00 de la tarde del 23 de septiembre del año en curso, en momentos en que la menor montaba bicicleta en compañía de otro adolescente y fueron interceptados por unos individuos a bordo de un carro, de donde se desmontó el nombrado Ramón Elías Vásquez, alias El Mudo, (detenido), quien la introdujo de manera forzosa en el automóvil e inmediatamente emprendieron la huida.
De acuerdo al relato de los hechos, horas más tarde del rapto, el nombrado Wilson Manuel Quiroz (prófugo), llamó al padre de la adolescente y le exigió la suma de 350,000 pesos para liberarla, indicando a la víctima que no diera parte a la Policía.
Uno de los testigos del hecho, en sus declaraciones, atribuye a la adolescente ser la autora material e intelectual en esta trama que tenía como finalidad solicitar a sus padres la referida suma de dinero.
Los representantes del Ministerio Público otorgaron al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 1, 2, 3 de la Ley 583-70 sobre Secuestro y todas sus formas, artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El Ministerio Público destacó que avanza en las investigaciones y dijo que trabaja para dar con el paradero de todos los involucrados en este hecho que ha consternado a la provincia Hermanas Mirabal y al país.
