La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Santo Domingo impuso un año de prisión preventiva contra 10 integrantes de una estructura criminal imputada de tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos y Europa, así como de lavado de activos.

Rafael Senén Rosado Fermín, Christopher Tavares, Estanly Ramón Paulino de Jesús, Richard Alexandro Martínez Alcántara, Pedro Antonio de los Santos Nina, Cristian Alberto Garcés, Francis Rafael Guillén Portes, José Luis Núñez Paulino, José Antonio Durán Canela y Rubén Darío Báez Medina formaban parte de la red que falsificaba documentos para facilitar procesos migratorios.



La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente de Santo Domingo los envió a todos a cumplir la medida de coerción a la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Mientras, a cinco encartadas restantes, Dilia Isabel Rosado Jiménez, Katty Alexandra Urbáez Terrero, Bibiana Méndez, Jennifer Madelin Martínez Cruz y Lucitania Del Carmen Goris Abreu, les impuso el pago de garantía económica por valor de RD$100,000.00, a través de una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.



Los fiscales litigantes presentaron pruebas materiales, documentales y testimoniales que fueron acogidas por el tribunal para sustentar su decisión en contra de los 15 imputados de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 139, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como la Ley 155-17, contra Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de seis víctimas denunciantes y del Estado dominicano.

La Fiscalía de Santo Domingo Este, en coordinación con la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM), daban seguimiento a la organización desde octubre de 2019.

Según el expediente, la red tenía como objetivo principal los Estados Unidos de América y además de proveer visados falsos, tenía contactos que brindaban albergue a sus clientes en los países utilizados como de paso. Además, cobraban entre US$1,500.00 y US$ 3,000.00 y, dependiendo de la complejidad del viaje, si el cliente había sido deportado el monto podía aumentar hasta los US$17,000.00.

Los magistrados Felbelys Rosario, Hazel Gross y Diógenes Quezada, adscritos al Departamento de Investigación y Persecución de Criminalidad Organizada de esta Fiscalía, coordinados por el fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo, desarrollaron una amplia investigación que dio con la desarticulación de la organización criminal.

Los fiscales descubrieron que entre los ahora imputados había propietarios de aerolíneas privadas que organizaban los viajes ilegales y empleados de las direcciones generales de Migración y Pasaportes.