Entérate – Por qué está bajo investigación la Cámara de Cuentas

SANTO DOMINGO.– Los actuales miembros de la Cámara de Cuentas protagonizan su segundo escándalo desde que asumieron la dirección de esa entidad a principios de febrero del año 2017, y a la vez constituyen el segundo pleno que pudiera ser sometido a un juicio político justo cuando cumplen sus últimos meses de gestión

Al final de sus días como funcionarios aparentemente el actual pleno de la Cámara de Cuentas no saldrá por la puerta grande, ya que han sido interrogados varias veces por la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca), por supuesta obstrucción a la justicia, alteración de auditorías y asociación de malhechores.

Los funcionarios han sido citados por el Ministerio Público para que declaren sobre manejos irregulares para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas, de acuerdo a la Procuraduría General.

En octubre del año pasado el presidente Luis Abinader clavó la primera espina contra los miembros de la Cámara de Cuentas, al afirmar que la entidad responsable de auditar y fiscalizar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública, y acusándola de que responde a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana.

“Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado”, expresó Abinader en un discurso dirigido a la nación.

Corrupción

Indica El Día que el Ministerio Público amplió las investigaciones que, por obstrucción de la justicia, inició contra la actual Cámara de Cuentas, tras detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa.

Las indagatorias contra el órgano fiscalizador, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.