Asesinado el miércoles en Haití, país caribeño que atraviesa una profunda crisis, Jovenel Moise disfrutó de una exitosa carrera empresarial antes de asumir el cargo de presidente, pero su mandato se desgastó y acabó siendo ampliamente criticado además de sin el apoyo de la mayoría de la población.

Irrumpió en 2015 en la escena política siendo un gran desconocido y pocos meses después fue elegido para gobernar el país, tras un accidentado y largo proceso electoral. 



Muy aislado últimamente, con un Parlamento suspendido y gobernando por decreto, acabó trágicamente su mandato a los 53 años, cuando fue asesinado en su casa por un comando. 

Este padre de dos hijos fue incapaz de detener la espiral descendente del país, el más pobre del continente americano, pero en particular la violencia que azota a sus habitantes, sobre todo de las pandillas en la capital Puerto Príncipe.



De origen modesto, su padre era mecánico y agricultor y su madre costurera y comerciante. Nació el 26 de junio de 1968 en Trou du Nord, (departamento Noreste) y se trasladó en 1974 junto a su familia a Puerto Príncipe, donde realizó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Haitiana Quisqueya. 

En 1996, ya casado con su compañera Martine Etienne Joseph, regresó a Noreste con un sueño: hacer de Haití un país «esencialmente agrícola» mediante el desarrollo del interior.

De acuerdo con la biografía disponible en su sitio web, creó entonces, con fondos de capital privado, una empresa de repuestos automotores al tiempo que estableció en un campo una primera plantación bananera de 10 hectáreas. 

Su última plantación de banano orgánico es la más grande del país (casi 1.000 hectáreas). Allí radica el origen del sobrenombre que se le acuñó tras su entrada en la carrera presidencial: «Nèg Bannan nan», «el hombre banana», en la lengua creole. 

Sensibilizado por la importancia del agua potable en este país castigado, se asoció con la firma especialista Culligan y en 2001 abrió una planta de distribución en las provincias de Noreste y Noroeste. Luego se interesó por la electrificación regional y creó en 2008 junto a varios socios una empresa especialmente destinada a ello.

En 2012, inauguró la primera zona franca agrícola de Haití y estableció allí su empresa Agritrans, para la que obtuvo un préstamo participativo de 6 millones de dólares del gobierno del que posteriormente sería su predecesor, Michel Martelly.

Según la web de Moïse, este mecanismo permitió desarrollar decenas de proyectos agrícolas y «crear cerca de 3.000 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos».

 

– Aislado –

Su sensacional entrada en la política también se atribuye a Martelly que, impedido de postularse a un segundo mandato, lo eligió en 2015 para representar a su partido, el Tet Kale (PHTK), y así asegurar su sucesión.

Entonces comenzó una intensa campaña electoral –en especial en las redes sociales aún subestimadas por la clase política tradicional– financiada por grandes industriales y miembros de la élite económica, la misma minoría adinerada que rodeaba a Martelly.

Una vez elegido, Jovenel Moïse se comprometió a acabar con la rampante corrupción. Pero en poco tiempo, fueron algunos de sus propios colaboradores los que se fueron objeto de acusaciones de malversación de fondos. 

Año tras año, investigaciones parlamentarias, de algunas ONG o del Tribunal de Cuentas han confirmado que la corrupción campea en las instituciones haitianas a pesar de los cambios constantes de ministros y altos funcionarios.

Como buena parte de la clase política que actuó antes que él, Moïse tuvo dificultades para explicar el destino del dinero obtenido en el marco del programa Petrocaribe, lanzado por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez para permitir a países del Caribe comprar petróleo barato.

Jovenel Moïse nombró a siete primeros ministros en cuatro años y no logró materializar una importante reforma constitucional que aseguraba buscar, lo que generó críticas incluso en su propio campo. 

El trágico fin de su mandato estuvo precedido por otra agria polémica, surgida a partir de su empeño en que su mandato terminaba el 7 de febrero de 2022, mientras para la oposición y parte de la sociedad civil había terminado el 7 de febrero de 2021. El desacuerdo se debió a que había sido elegido en unas elecciones anuladas por fraude, y luego reelegido un año después.