El Ministerio Público evalúa con técnicos de Medio Ambiente e ingenieros estructuralistas las condiciones del complejo penitenciario construido por la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez en una zona de lagunas del municipio de Guerra.

La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, deploró el hecho de que Rodríguez Sánchez se embarcara en construir sobre un terreno pantanoso que requería de grandes volúmenes de relleno, a pesar de que los informes del Ministerio de Medio Ambiente apuntaban a que el proyecto exhibía menos de un 37% de cumplimiento de los requerimientos técnicos requeridos para su licencia ambiental.



Reynoso también lamentó que la ambición desmedida llevara a la red de corrupción del exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores, arrestados en la Operación Medusa, a desarrollar un proyecto que tiene un alto riesgo de inundación y que sería utilizado para reubicar a los privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Reynoso encabeza el equipo de fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que desarticuló la red de corrupción y lavado de activos conformada por el exprocurador y sus colaboradores.



Este lunes, la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, continuará la audiencia de conocimiento de medidas de coerción contra los arrestados en la Operación Medusa.

Además de Rodríguez Sánchez, en el caso están implicados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado. En el caso de Canó Sacco, se encuentra prófugo, pues salió del país, antes de que se le arrestara.
En el caso Medusa, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y la declaración de tramitación compleja para el caso.
Según la acusación, el exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores integraron una red criminal que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.

Los hechos responden a la calificación jurídica de violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevariacación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.

Implican, además, infracción al artículo 3, párrafo, de la ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El expediente también incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.