El procurador adjunto Wilson Camacho destacó la tarde de este jueves que con la prórroga otorgada por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para la presentación de la acusación contra los imputados del Caso Pulpo, el Ministerio Público continuará profundizando las investigaciones de ese proceso por corrupción administrativa.

La jueza Yanibet Rivas acogió la solicitud de prórroga por cuatro meses hecha por el Ministerio Público para seguir buscando evidencias en el proceso que se sigue por corrupción contra Alexis Medina Sánchez y los demás imputados del Caso Pulpo. El plazo vence el próximo 3 de diciembre cuando el órgano de la persecución penal deberá presentar la acusación del caso.

“La jueza, en el día de hoy, ha acogido la solicitud de prórroga del Ministerio Público y este tiempo adicional con el que contaremos nos permitirá continuar profundizando en la investigación y trabajar a mayor profundidad las líneas nuevas de investigación que se le presentaron al tribunal como temas de manipulación de compras en instituciones como el Promese Cal, el Feda o las Edes”, explicó Camacho a la prensa tras la decisión del tribunal.

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El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) agregó: “Este tiempo adicional que se nos otorga nos permitirá revisar nuevas líneas de investigación que deberán de surgir como consecuencia de la información que hemos ocupado en los allanamientos que se han hecho recientemente y también de la información que proporcionan los imputados que están colaborando con el Ministerio Público”.

En adición a esto, las líneas de investigación que surjan de esa colaboración también podrán ser trabajadas con toda la profundidad y bajo el estándar con que el Ministerio Público acostumbra a trabajar sus casos.

El pasado 26 de agosto, la jueza Rivas ratificó la prisión preventiva a Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado por el entramado de corrupción administrativa desarticulado a final del pasado año con la Operación Anti Pulpo.

Mientras que este jueves fue confirmada la prisión a los imputados Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); también a Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez, así como a José Dolores Santana Carmona, testaferro de Medina Sánchez.

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A Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), así como a Julián Suriel Suazo, les fue variada la prisión preventiva por arresto domiciliario por colaborar con la investigación del Ministerio Público.

Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, seguirá cumpliendo arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanecerá en un espacio controlado con un localizador electrónico.

El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanecerá en arresto domiciliario, en tanto que Domingo Antonio Santiago, otro de los imputados de ser prestanombres del cabecilla de la red de corrupción, continuará con la presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.

El tribunal fijó para el próximo 9 de diciembre la revisión de las medidas de coerción.

La lectura íntegra del fallo será el próximo 28 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

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Los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezan los equipos de investigación y litigación en el proceso.

La Operación Anti Pulpo develó a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.

El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción.

Esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.