Un tribunal impuso un año de prisión preventiva a seis personas acusadas por el Ministerio Público de robar piezas de vehículos a varios dealers de establecimientos ubicados en la avenida Pedro A. Rivera de La Vega.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente declaró el caso complejo y dispuso el envío a prisión de los imputados Erasmo Antonio Fernández Suriel (El Grande y/o El Gordo), Nelson Gabriel Carvajal (Pito), Alfredo Valdez de La Paz y/o Alfredo Valdez García, Juan de Jesús Gómez Gutiérrez (Ángel), Sandy Santos Marmolejos (Chocolate y/o Sanchochito) y a Blanca Iris Núñez (La Chori y/o Estefani).
Los hombres cumplirán la medida de coerción en la cárcel pública La Concepción, de La Vega, y Núñez en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en la provincia Santiago.
En la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público establece que el pasado 19 de agosto, alrededor de las 2:30 de la madrugada, mediante escalamiento y bajo la nocturnidad, fueron sustraídos en los establecimientos de los dealers diferentes piezas y accesorios de vehículos de distintas marcas y modelos.
Indica que fueron robados reflectores, retrovisores, espejos, covers de espejos, sensores, ribetes, reflectores del bumpers con la intención de comercializarlos a bajo costo de manera irregular.
La instancia precisa que el Ministerio Público con el apoyo del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim), en la ciudad de La Vega, iniciaron una investigación penal, la cual de manera preliminar arrojó que los integrantes de la estructura criminal, liderada por Fernández Suriel, todos residentes en el sector Villa Juana, del Distrito Nacional, se asociaron para cometer el hecho delictivo.
Como resultado de la investigación, las autoridades lograron desmantelar la banda y proceder con el sometimiento a la justicia de sus integrantes.
Fiscales de esta demarcación, bajo la dirección de la titular Auri Luz García Martínez, recolectaron y presentaron al tribunal diferentes pruebas que fueron acogidas por la jueza Génesis Tavárez para imponer la medida de coerción en contra de los encantados.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Viviana Mena y en la litigación representó al Ministerio Público el fiscal César Reyes.
El caso recibió la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano que tipifican y sancionan los ilícitos penales de asociación de malhechores y el robo bajo la nocturnidad, con escalamiento, cometido por más de dos personas.
