El Gobierno debe entregar al Ministerio Público, para su sometimiento a la justicia, el contrato del peaje sombra de la carretera Santo Domingo-Samaná o Autopista del Nordeste, ya que el Estado no está obligado a erogar altas sumas de dinero para cumplir con cláusulas contractuales que no fueron aprobadas por el Congreso Nacional.

Esa recomendación se la hizo a las autoridades el abogado y exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo Emmanuel Esquea Guerrero, quien fue contratado como consultor independiente por el Estado dominicano para analizar el susodicho contrato.



Según Esquea Guerrero, el contrato adolece de vicios y “múltiples violaciones constitucionales y legales” porque, además de la pesada carga presupuestaria que supone para la población, presenta un gran “desequilibrio económico y contractual”.

Solo para el próximo año, el Gobierno consigna un exorbitante monto de RD$4,652,595,981 para cubrir el déficit de fluido vehicular por la carretera a Samaná, es decir, para pagar el llamado peaje sombra.



Hay un mal de fondo. El nudo sale del contrato inicial, firmado en 2001 entre el gobierno del expresidente Hipólito Mejía y la empresa Autopistas del Nordeste. En ese contrato se hace un estimado de la cantidad de vehículos que deben pasar anualmente por la vía, y se establece que el Estado debe pagar un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) o Peaje Sombra si no se produjera ese tráfico vehicular.

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Sin embargo, Esquea Guerrero afirma que esa obligación de pago no fue refrendada por el Congreso Nacional, razón más que suficiente para entregar el caso al Ministerio Público y ponerlo a disposición de los tribunales. Se buscaría, así, que un magistrado autorice que las autoridades intervengan y administren la referida vía, para librar al Estado de las fuertes cargas que sobrelleva.

En su informe rendido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, sostiene que el Estado está pagando un alto peaje sombra “sin tener ninguna obligación jurídica”. En un anexo, el contrato establece el pago del peaje y en otro se reafirma esa obligación, pero esas obligaciones contractuales “no se formalizaron porque el Congreso no aprobó dichos anexos”.

Por esa razón el abogado observa un escándalo contractual y tipos delictivos que deberían ventilarse en la justicia.

“El Gobierno no debe pagar un centavo de eso, un centavo; que ellos (la concesionaria) le deben a la República Dominicana. Por eso sugerí que lo mandaran al Ministerio Público, porque hay todos los elementos de delito”, le expresó Esquea al periódico Diario Libre.

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Además, subraya que se contrataría una empresa encargada de establecer el número de vehículos que circularían diariamente por la carretera.

“Aunque, según el contrato, el Estado seleccionaría esa empresa, quien finalmente negoció con ella fue la sociedad ADN (Autopista del Nordeste), razón por la cual esta empresa fijó un número inalcanzable de vehículos, lo que determinó que el IMG fuera tan elevado”, indicó.

“Tanto la iniciación como la culminación del diseño de tráfico que sirvió para la determinación del ‘Ingreso Mínimo Garantizado’ (…), se hicieron después de suscrito y aprobado el contrato. Esto significa que el Estado firmó el contrato sin saber cuál era la suma que debía pagar por concepto de ese ingreso que se comprometió a garantizar”, sumó.

Esa misma observación la hace él sobre la carretera Boulevard Turístico del Atlántico, en razón del contrato logrado en 2001.

El costo de estructura vial (carretera Nagua-Samaná-Las Terrenas-Rincón) arrancó en US$104,200,000 y acabaría en, nada más y nada menos, US$185,746,752.52, lo que incluye su mantenimiento por 28 años, estima Esquea Guerrero. En tanto, la tasa de interés media remonta al 10 % cada año.

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¿Cuál sería la solución?

El presidente Luis Abinader ha prometido una solución definitiva a la “infame” situación, en virtud de que, hasta el pasado 27 de febrero, el Estado había erogado la friolera de RD$26,835 millones como pagos a la empresa. Para desatar ese nudo fue que contrataron a Esquea Guerrero como consultor independiente.

El contrato ata al Estado hasta el año 2030.-