La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una resolución en apoyo a los manifestantes en Cuba que se tomaron las calles el 11 de julio y prevén volverlo a hacer el 15 de noviembre, condenando la «violenta represión» del gobierno cubano.
El texto, presentado por la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz con apoyo del republicano Mario Díaz-Balart, ambos representantes del estado de Florida, fue adoptado por la Cámara baja con 382 votos a favor y 40 en contra.
Una mayoría de legisladores republicanos respaldó la iniciativa, que pide a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), al Ministerio del Interior cubano y a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) «que no arresten ni detengan a manifestantes pacíficos».
Además, exhorta a las autoridades en La Habana a liberar «de inmediato a todos los presos políticos y detenidos arbitrariamente» que sigan bajo custodia tras las protestas.
También llama a no restringir el acceso a internet de los cubanos, así como a todos los sitios y aplicaciones «incluso durante futuras manifestaciones y protestas pacíficas».
También insta al gobierno de Joe Biden a buscar formas de permitir que las remesas, suministros médicos y otras formas de apoyo humanitario beneficien directamente al pueblo cubano «sin proporcionar dólares estadounidenses a los militares cubanos».
En Twitter, Díaz-Balart dijo que la resolución es «una cuestión de derechos humanos básicos y democracia», y apuntó contra quienes votaron en contra diciendo que «están en el lado equivocado de la historia».
Entre los 40 demócratas que no respaldaron el texto se encuentran las legisladoras Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley y Pramila Jayapal, conocidas por sus posiciones de izquierda.
Miles de cubanos se manifestaron el 11 y 12 de julio en 50 ciudades al grito de «tenemos hambre» y «libertad», con un saldo de un muerto, decenas de heridos y más de mil detenidos, de los cuales unos 560 siguen presos.
El lunes, un grupo opositor cubano que convocó a una marcha el 15 de noviembre denunció que sus integrantes han sido blanco de represión por parte del gobierno, mientras autoridades acusan a sus líderes de ser agentes de Estados Unidos.
Entre las denuncias están amenazas de despido laboral, intimidaciones, vigilancia policial, reclusión domiciliaria y detenciones arbitrarias.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha advertido a los organizadores de consecuencias penales si persisten en el llamado a manifestación, que está prevista en La Habana y en otras seis provincias de la isla.
Las resoluciones del Congreso estadounidense no son vinculantes como las leyes, sino que expresan el sentimiento colectivo de los legisladores sobre un tema o evento.
