El procurador adjunto Wilson Camacho destacó anoche la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados del Caso Coral 5G y dijo que son suficientes para imponer la prisión preventiva solicitada en contra de los encartados.
El Ministerio Público concluyó este viernes con la presentación de su solicitud de medida de coerción, consistente en 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja.
Al destacar los méritos de las evidencias, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) expresó: “Nosotros hemos presentado, por ejemplo, al tribunal 94 testimonios, que es una suma de testimonios mucho más que suficiente para el conocimiento de una medida de coerción y esos testimonios dan referencia de cómo funcionaba este entramado que sustraía dinero del erario”.
Declaró que el cuerpo de fiscales solicitó al tribunal imponer la prisión preventiva a los implicados y domiciliaria en el caso de una de las imputadas por la actitud que asumió, incluso, al admitir los hechos delictivos.
En ese sentido, el titular de la Pepca destacó que la admisión de los hechos por parte de esa persona muestra, una vez más, la contundencia de las imputaciones del Ministerio Público.
En ese caso, dijo esperar que se imponga arresto domiciliario, mientras para el resto la prisión preventiva.
“No hay forma de que con esas evidencias y el resto de evidencias documentales que nosotros hemos presentado, el tribunal no imponga la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público”, recalcó.
El representante del órgano persecutor destacó la legalidad de las pruebas, al responder preguntas de la prensa sobre alegatos de la defensa, cuando salía de la sala de audiencias.
“No ha habido una sola audiencia en la que nosotros hemos participado que se haya, por ejemplo, excluido, dejado de valorar ninguna evidencia y eso no ha sucedido, ni va a suceder porque el Ministerio Público recolecta su evidencia y la ofrece conforme lo que establece la norma procesal penal”, agregó cuando se le preguntó sobre planteamientos de la defensa.
“Lo que pasa es que la defensa algo tiene que decir y ante la contundencia de las evidencias que tiene el Ministerio Público y ante la abundancia de las evidencias que ha presentado el Ministerio Público, tienen que decir ese tipo de cosas, que a todas luces son falacias”, subrayó.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras concluir con el programa de la audiencia, dispuso su aplazamiento para el próximo lunes 13 de diciembre, a partir de las 10:00 de la mañana.
En el proceso el Ministerio Público ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra involucrados en el caso.
Junto a la solicitud de medida de coerción el órgano del sistema de justicia depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Después que el Ministerio Público concluyó, expusieron las defensas de los encartados Torres Robiou, Guzmán Alcántara, Rodríguez Jiménez, Ramos Ovalle y Ortega Polanco.
En el caso del general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación a la jueza Romero.
El auto de solicitud de coerción incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En el proceso también representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
