Un alto tribunal despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de embarazo, un fallo inédito para este país de mayoría católica que lo ubica a la vanguardia entre los países de América Latina que liberaron esta práctica.
Con la sentencia de la Corte Constitucional las mujeres podrán decidir sobre la interrupción del embarazo por cualquier motivo hasta el sexto mes de gestación sin ser castigadas por ello.
Hasta ahora el aborto sólo se permitía en caso de violación, si la salud de la madre estaba en riesgo o cuando el feto tenía una malformación que comprometiera su supervivencia, según un fallo de 2006 del mismo tribunal que contemplaba la objeción de conciencia para los médicos que no quisieran interrumpir embarazos.
Fuera de esas excepciones, tanto las mujeres como quienes realizaran el procedimiento con su consentimiento eran castigados con penas de 16 a 54 meses de cárcel.
En adelante, la «conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación», indicó la Corte Constitucional en un comunicado.
Pasados los seis meses de embarazo seguirán en pie las condiciones ya fijadas por el tribunal, explicaron los magistrados.
Cientos de manifestantes, en su mayoría mujeres con pañoletas verdes, celebraron la decisión a las afueras del edificio donde delibera el tribunal en Bogotá.
«Colombia queda a la vanguardia de los derechos reproductivos tanto a nivel regional como mundial», dijo a la AFP la abogada Catalina Martínez del movimiento Causa Justa que demandó la inconstitucionalidad del delito del aborto y cuyos argumentos fueron estudiados por el alto tribunal.
El país se convierte en el quinto de América Latina en despenalizar el aborto y uno de los más flexibles en el plazo para llevarlo a cabo.
Argentina lo permite hasta la semana 14 y en México está autorizado hasta las 12 semanas en el Estado de Oaxaca (sur), Veracruz (este), Hidalgo (centro) y Ciudad de México. Uruguay también lo avala hasta las 12 semanas, al igual que Cuba y Guyana que contemplan sobrepasar este plazo en algunas excepciones.
El órgano dirimió por cinco votos a favor y cuatro en contra la controversia en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, en un país de mayoría católica y donde las iglesias cristianas protestantes ejercen gran influencia.
– Delito –
«Después del derecho al sufragio, este es el logro histórico más importante para la vida, la autonomía y la realización plena e igualitaria de las mujeres», escribió en Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
De acuerdo a información recogida por Causa Justa, desde 1998 se han iniciado alrededor de 5.500 investigaciones por aborto y de esas se han condenado, a partir del 2005, alrededor de 250 mujeres.
Por su parte el colectivo feminista Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres señala que entre 2006, cuando se aprobó la despenalización parcial, y 2019, 346 mujeres han sido sancionadas, de las cuales 85 eran menores de edad.
Según la autoridad carcelaria 24 mujeres están en prisión por abortar.
«La existencia del delito de aborto es la principal barrera impuesta directamente por el mismo Estado que impide el acceso a pleno del derecho a la IVE (interrupción voluntaria del embarazo), a la salud, a la igualdad, a la libertad de profesión y oficio, la libertad y conciencia, entre otros derechos fundamentales», alegaron los demandantes a la Corte.
El tribunal exhortó al Congreso y al Gobierno para que «en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública» que reglamente el aborto.
– «Provida» –
La Iglesia católica rechazó la flexibilización del acceso al aborto.
«Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural», declaró el presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, monseñor Luis Rueda.
Algunos detractores, autodenominados «provida», protestaron frente a la Corte y ondearon banderas azules, mientras otros rezaban de rodillas.
«Es una decisión que va en contra de la vida, de la familia», dijo a la AFP Marlene Herrera con un rosario colgado del cuello.
Las mujeres denuncian todo tipo de trabas para acceder al procedimiento, incluso bajo las tres causales permitidas desde hace 15 años.
Entre las dificultades que aducen están las demoras en la autorización del aborto por parte de los centros de salud y la objeción de conciencia de algunos médicos que se niegan a practicarlo, lo que empuja a muchas de ellas a los procedimientos clandestinos.
Ninguna organización se atreve a dar una cifra creíble sobre cuántos abortos ilegales se realizan en el país. Un estudio de 2014 del ministerio de Salud calcula que 70 mujeres mueren y 132.000 sufren complicaciones anualmente por «abortos inseguros».
