Estados Unidos prohibió la entrada a un número indeterminado de funcionarios chinos por su participación en la «represión» de minorías étnicas o religiosas, en particular de los musulmanes uigures, víctimas de un «genocidio», según Washington.

En un comunicado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, anunció la imposición de «restricciones de visas a funcionarios de la República Popular de China sospechosos de ser responsables o cómplices de políticas o medidas que apuntan a reprimir responsables religiosos o espirituales, miembros de grupos étnicos minoritarios, disidentes, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, militantes de la sociedad civil y manifestantes pacíficos en China o en el extranjero».



Washington no ha precisado el número de afectados por la medida, ni su identidad o rango. El comunicado estadounidense tampoco explica lo que suscitó las medidas represivas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, arremetió el martes contra la medida, denunciando las «mentiras políticas» de Blinken y una decisión que «suprime sin fundamento a los funcionarios chinos», al tiempo que amenazó con «contramedidas».



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Las sanciones se dan en un momento en que el presidente Joe Biden trata de presionar a Pekín para que use su influencia sobre Rusia para poner fin a la invasión de Ucrania, o al menos se abstenga de apoyar a Moscú.

Blinken denunció en su comunicado los intentos de «acoso, intimidación, vigilancia y secuestro» de las personas que pertenecen a minorías étnicas o religiosas chinas, «incluso de quienes buscan refugio en el extranjero y los ciudadanos estadounidenses que defienden estas poblaciones vulnerables».

El secretario de Estado pidió al gobierno chino «dejar» de «intentar acallar los militantes uigures estadounidenses» al rechazar los permisos de salida del país solicitados por sus familiares en China.

Pekín, que niega las acusaciones, es señalado de haber internado en campos de reeducación política a más de un millón de uigures, minoría musulmana que vive en Xinjiang, en el noroeste del país, en donde recurriría, entre otras medidas, al trabajo forzado.

«Llamamos al gobierno chino a poner fin a su genocidio y sus crímenes contra la humanidad en Xinjiang, a sus políticas represivas en Tibet, a su vuelta de tuerca contras las libertades fundamentales en Hong Kong y a las violaciones de derechos humanos, y en particular las violaciones de la libertad religiosa, en otras partes del país», concluyó Blinken.