El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó este domingo, con aval del parlamento, un régimen de excepción, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la policía, cuando el país enfrenta un auge de la violencia pandillera que ha dejado 76 homicidios en dos días.

Provistos de fusiles de asalto y chalecos antibalas, policías y soldados patrullaban las calles, mientras continuaba la detención de cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de ordenar los crímenes.



Citando «las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales», el decreto, previamente aprobado a pedido de Bukele por 67 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa (oficialista), declara por un mes un «régimen de excepción» en «todo el territorio nacional».

En consecuencia queda restringida la libre asociación y reunión, se permite abrir la correspondencia e intervenir las comunicaciones telefónicas o de correo electrónico sin orden judicial. También restringe el derecho a ser informado el motivo de una detención y a contar con abogado desde la captura, y habilita extender el plazo de la detención administrativa por más de 72 horas.



La disposición «tiene por objeto facilitar las herramientas y mecanismos jurídicos» a la Policía y Fuerza Armada para «restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial».

«Para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal», aunque habrá «cierres focalizados y temporales» en algunas zonas, tuiteó Bukele luego de la aprobación legislativa.

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Los servicios religiosos, eventos deportivos y el comercio se pueden realizar en forma normal, «a menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso», indicó.

 

– «Ni un rayo de sol» –

Bukele ordenó además decretar «emergencia máxima» en todas las cárceles, donde permanecen más de 17.000 de los 70.000 miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, que viven en El Salvador.

«Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio», tuiteó el mandatario. «Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus «homeboys [compañeros presos] no podrán ni ver un rayo de sol».

Bukele, un milenial de 40 años que goza de amplio apoyo popular desde que llegó al poder en junio de 2019, hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios.

Pero en diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de su gobierno por presuntamente haber negociado con pandillas para que apoyen al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021.

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Según la acusación, a cambio, las pandillas obtuvieron dinero del gobierno y privilegios para sus jefes presos, como celulares y prostitutas, lo que Bukele tacha de «mentira».

El mandatario es señalado por sus opositores de tener actitudes «autoritarias». Washington lo ha reprochado por no respetar la separación de poderes, al haber destituido con la ayuda del Parlamento a magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General.

Con las medidas represivas «el gobierno envía un mensaje directo de no negociación a los grupos criminales que pretenden desestabilizar el orden y la seguridad del país», consignó la Presidencia en un comunicado.

– «Debido proceso» –

El Salvador vive una nueva ola de violencia, con 62 homicidios registrados solo el sábado, según la Policía Nacional Civil (PNC), que ya había informado de otras 14 muertes el viernes, también relacionadas con pandillas.

La Constitución salvadoreña autoriza el régimen de excepción en caso «de graves perturbaciones del orden público» y Bukele aseguró que actuó «dentro del marco constitucional».

Pero el diputado opositor de la exguerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí Jaime Guevara consideró que «la crisis actual requiere de sensatez, sabiduría y no de matonería» y llamó al «respeto irrestricto de los derechos individuales» de la población.

Bukele dijo que la Policía y la Fuerza Armada «deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros».

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También pidió a la Fiscalía «ser eficaz con todos los casos» y advirtió que estará pendiente de «los jueces que favorezcan delincuentes».

Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, llamó al gobierno a «prevenir e investigar todos los hechos de violencia y aplicar todo el peso de la ley, respetando el principio de inocencia y el debido proceso».

«Urge que el gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los DDHH (Derechos Humanos). La política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de Derecho», dijo Juan Pappier, de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Las pandillas operan en El Salvador a través de homicidios, extorsiones y narcotráfico.

En noviembre pasado el país sufrió otro repunte de homicidios, que en tres días cobró la vida de unas 45 personas.

Aún así cerró 2021 con la tasa más baja de homicidios desde el fin de la guerra civil en 1992, con 18 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. El total de homicidios, 1.140, también representó una reducción frente a 2020, cuando hubo 1.341.