El Senado español aprobó este miércoles una modificación del código penal que castigará el acoso y la intimidación de los activistas antiaborto a las mujeres que acudan a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo.

La nueva legislación, impulsada por el Partido Socialista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya había obtenido el visto bueno del Congreso y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado.



A partir de entonces, quienes «para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo» acosen a una mujer «mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad» serán castigados con penas de prisión de tres meses a un año o a trabajos comunitarios, según la propuesta enviada por el Congreso.

Con este cambio en el código penal también se arriesgarán a las mismas penas quienes traten de intimidar a los profesionales sanitarios que asisten a estas mujeres.



El aborto fue despenalizado en España en 1985, únicamente por tres causas: violación, riesgo grave para la madre y malformación fetal, pero no fue hasta 2010 cuando se legalizó la interrupción del embarazo sin justificación médica hasta la decimocuarta semana de gestación.

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Pese a ello, las mujeres de este país de fuerte tradición católica siguen encontrando obstáculos porque muchos médicos se niegan a realizar el procedimiento. Además, frente a algunas clínicas conocidas por practicarlos suelen reunirse activistas antiaborto para tratar de persuadir a las mujeres de que no entren.

Estas acciones pueden ir desde rezos, carteles o consignas, hasta interpelaciones directas mostrándoles pequeños fetos de plástico o pidiéndoles que suban a una furgoneta equipada con un ecógrafo.

Un grupo de estos activistas se manifestó este miércoles a las puertas del Senado para protestar contra lo que denuncian que es una «criminalización» de sus actividades, según la plataforma Derecho a Vivir, que afirmó que seguirá ofreciendo «ayuda» y «oraciones a las mujeres que lo necesiten».

Según un informe realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) en 2018, y que recoge el proyecto de ley, un 89% de las mujeres que acudieron a abortar en España se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas.

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El gobierno progresista de Sánchez prepara también una ley para garantizar que todos los hospitales públicos realicen abortos, además de un cambio en la legislación para que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir un embarazo sin el consentimiento de sus padres, como ocurre en Reino Unido y Francia.