La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega dictó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una mujer que intentó ahorcar a una hija de dos años de edad, acto que grabó con su teléfono móvil y posteriormente envió el vídeo a parientes de la víctima.
La jueza Adais Sánchez, impuso la medida de coerción a M.A.V., de 28 años de edad, quien enfrenta cargos por actos de tortura y barbarie y de intentar ahorcar a la menor de edad con una sábana, en momentos en que se encontraban en su residencia, en un sector de esta ciudad.
El tribunal ordenó el cumplimiento de la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, de Santiago.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, quien encabezó el equipo litigante, valoró la imposición de la medida privativa de libertad como solicitó el Ministerio Público y dijo que el equipo a cargo del caso continúa profundizando las investigaciones.
Junto a García Martínez también representaron al Ministerio Público los fiscalizadores Esther Alejo y Wellington Gómez.
El arresto de la encartada y el levantamiento de las pruebas se llevó a cabo en coordinación con la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
Miembros de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, han recolectado en el transcurso de la investigación diferentes pruebas documentales, periciales, audiovisuales, materiales y testimoniales con las que instrumenta un expediente fuerte para procurar que el hecho reciba la sanción correspondiente.
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En el vídeo que, luego envió al padre y a una prima de la niña, se puede apreciar cuando la mujer comete el hecho, mientras vocifera en tono airado y en modo de advertencia: “eso, eso es lo que él quiere…..lo logró”.
La solicitud de medida de coerción destaca que la señora M.A.V fue arrestada en flagrante delito el pasado 17 de abril, alrededor de las 12:35 minutos de la noche.
Las imágenes que circularon en las redes sociales alertaron a las autoridades que se apresuraron a rescatar a la infante y a ponerla bajo protección y cuidado del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). En el proceso participó el fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pedro Veloz.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y del Código para el Sistema y Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
