Manila, Filipinas. El presidente filipino Rodrigo Duterte a menudo alentó la violencia y ordenó disparar a la policía en una guerra contra la droga que mató a miles. Pero difícilmente se tenga que comparecer ante la justicia una vez deje el cargo el jueves.

Su política para acabar con el narcotráfico ha sido ampliamente criticada y ha desencadenado una investigación internacional por posibles crímenes contra la humanidad.



Pero el dirigente de 77 años goza de gran popularidad e influencia en Filipinas.

De hecho, los analistas consideran que las elecciones de mayo afianzaron su posterior inmunidad: Ferdinand Marcos Jr, hijo del dictador homónimo, se hizo con la presidencia tras aliarse con la hija de Duterte, Sara, que será vicepresidenta.



Marcos Jr ha respaldado la guerra contra la droga de Duterte y ha advertido que no cooperará con la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre estos asesinatos.

«La elección básicamente decidió que no habrá una investigación seria sobre el papel de Duterte en la guerra antidroga durante los próximos seis años», dijo Greg Wyatt, director de inteligencia de negocio en PSA Philippines Consultancy.

El presidente saliente, que confesó haber asesinado de joven, dijo a sus agentes que dispararan contra los presuntos narcotraficantes si se sentían en riesgo.

Los datos del gobierno muestran que 6.200 personas han muerto en operaciones antidroga desde la llegada al poder de Duterte, que asegura que ha salvado familias y ha impedido que Filipinas se convierta en un «narco-Estado».

 

– Poca esperanza –

 

Los grupos de derechos humanos estiman que decenas de miles de personas han sido asesinadas por policías, sicarios o vigilantes sin siquiera pruebas de su implicación con las drogas y en un clima de impunidad.

Solo tres agentes han sido condenados. Bajo presión de Naciones Unidas y de la CPI, el gobierno ha examinado unos 300 casos de operaciones antidroga mortíferas.

El secretario de Justicia, Menardo Guevarra, dijo a AFP en octubre que la revisión de 52 casos no dejaba dudas sobre que los agentes actuaron en defensa propia.

Hasta ahora, solo han presentado cargos en cinco casos.

Los abogados de las familias de las víctimas quieren tomar acciones contra Duterte después del 30 de junio, pero reconocen que no tienen el viento a favor.

«No estamos esperanzados, pero merece la pena intentarlo», dice Edre Olalia, presidente de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo, señalando la lentitud del sistema judicial y el difícil acceso a la evidencia policial.

Otro desafío para construir un caso contra Duterte es el defensor del pueblo que nombró, dice la opositora encarcelada y senadora Leila de Lima.

«Su peso en el actual defensor del pueblo, la única institución autorizada a presentar casos contra él en relación a los asesinatos extrajudiciales, permanece incluso después de que deje el cargo», dice De Lima en un comunicado a AFP.

 

– «Puro artificio» –

 

La última esperanza para muchas familias buscando justicia es la CPI, dice Carlos Conde, de Human Rights Watch.

Los jueces de la CPI autorizaron en septiembre una investigación en la campaña antidroga, señalando que parecía un ataque ilegítimo y sistemático a civiles.

Pero la suspendieron dos meses después, después de que Manila asegurara que estaba indagando estos supuestos crímenes.

Para Conde, el gobierno intenta «engatusar» a la comunidad internacional, especialmente la CPI. «Mucho de lo que han estado haciendo es puro artificio, solo intentan ganar tiempo», critica.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el viernes que quería reanudar su investigación sobre la guerra contra las drogas «lo más rápido posible», asegurando que la petición de Manila para aplazar la investigación era injustificada.

Duterte se ha negado a cooperar con el tribunal de La Haya, asegurando que no tienen jurisdicción. De hecho, fue él quien sacó a Filipinas de la CPI en 2019 después de que iniciara una investigación preliminar sobre su política.

Aunque la CPI reúna suficientes pruebas contra él, sus normas le impiden juzgarlo en ausencia.

«CPI, sé que estáis escuchando, dejaos de dramas de que me vais a acusar», dijo el jueves Duterte, que se ofreció como abogado de cualquier uniformado que asesine a un criminal cuando deje la presidencia.

Otra opción para la justicia es una «comisión no oficial de la verdad», dice Ruben Carranza, experto del Centro Internacional de Justicia Transicional en Nueva York.

Antes implicado en la lucha para recuperar el dinero robado por los Marcos, Carranza asegura que esto permitiría a las familias de las víctimas contar sus historias.

«En un país como Filipinas, creo que es importante luchar por la verdad cuando es posible», afirma.