La Dirección General Administrativa y Financiera del Ministerio Público presentó este miércoles al Consejo Superior del órgano persecutor el plan de estandarización y reestructuración salarial del personal técnico y administrativo que dará continuidad al programa de mejoras de los servidores de la institución.

En febrero de este año se implantó la primera fase de este plan con el reajuste de salario de los fiscales y la aplicación de los bonos anual y de vacaciones para los fiscales y el personal técnico y administrativo.



La segunda fase del plan de reajuste salarial, que desarrolla la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito, requerirá en esta etapa una apropiación anual de unos RD$840 millones de pesos, explicó Vilma A. Pérez Díaz, directora general Administrativa y Financiera del Ministerio Público.

Pérez Díaz hizo una presentación de las informaciones financieras requeridas para el citado plan al consejo, el órgano que deberá tomar las decisiones al respecto, el cual está presidido por la magistrada Germán Brito e integrado por el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, el procurador de corte Jonathan Baró, la fiscal María Rosalba Díaz y el fiscalizador Juan Grabriel Pereira.



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“Con esta iniciativa avanzamos para alcanzar casi el cien por ciento de los objetivos en nuestra meta inicial de organizar la estructura administrativa del Ministerio Público en cuanto a lo que tiene que ver con la estandarización de las posiciones que desempeñan los distintos colaboradores”, indicó Pérez Díaz.

La estandarización salarial se hará posible gracias a un trabajo de organización que implicó una revisión y mejoramiento en la calidad del gasto, una mejor distribución de puestos y salarios, beneficiando con un reajuste escalonado a los de más bajos salarios.

En el caso de los reajustes van desde un 10% en algunas áreas hasta un 25% en otras, siempre dependiendo de las valoraciones necesarias para equilibrar la retribución al trabajo del servidor público con el esfuerzo y el desempeño de su función. El proceso además incluye una adecuada reestructuración de los cargos enfocado en la racionalidad de las escalas o rangos salariales, y en corregir viejas distorsiones en la nómina de la institución.